El gobierno debe dejar de lado el papel de “productor” de cultura y enfocarse en ser un “facilitador” para que ciudadanos y artistas puedan crear y difundir su trabajo, especialmente en medios digitales.

 

 

El rol del gobierno mexicano sobre los medios digitales siempre ha sido ambivalente: cuando apareció la web apenas le daba apoyo a su difusión e incluso llegó a agregar al acceso a Internet un impuesto adicional del 3% por ser “un servicio de lujo”. La administración actual se ido al otro extremo al anunciar una “estrategia digital nacional” con el objetivo de “lograr un México Digital en el que la adopción y uso de las tecnologías maximicen su impacto económico y social en beneficio de la calidad de vida de todos”.

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La estrategia digital nacional incluye varias vertientes y capítulos, entre éstos el de “desarrollar una estrategia digital de cultura” por medio de objetivos como “crear plataformas digitales para la oferta de contenidos culturales” o “desarrollar una estrategia nacional de digitalización”, algo que en principio suena bien, pero que en la ejecución se queda sólo en buenos deseos.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) es la rama del gobierno encargada de las labores de promoción, apoyo y patrocinio de los eventos que propicien el arte y la cultura, y como parte de su trabajo se ha dado a la tarea de producir apps literarias para promover la cultura mexicana con resultados mixtos: desde problemas técnicos como aplicaciones de un tamaño enorme que son difíciles de descargar (la app Blanco pesa poco más de 1 Gb) hasta inconsistencias de contenido como la de la obra de José Pablo Moncayo.

Lo más criticable de las apps de Conaculta es que éstas casi siempre están orientadas a una plataforma móvil (iOS), contradiciendo el objetivo de “posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las TIC” y sobre todo, que por todo el esfuerzo y el gasto que realizan estas apps difícilmente escalan como “plataformas digitales para la oferta de contenidos culturales”, ya que son apps hechas a la medida para una obra particular, cuyo código sólo es accesible al Conaculta y que no ayuda a otros autores a crear nuevas obras digitales.

Como con el FCE, el problema de fondo es que las instancias del gobierno confunden el fomento a la lectura con gasto en producción. El Conaculta debería enfocar sus esfuerzos en crear plataformas que ayuden y faciliten la creación de apps literarias en gran escala y a bajo costo, en vez de invertir sus recursos en unas cuantas aplicaciones que eventualmente se vuelven una carga para mantenerlas actualizadas y al día.

Hablando de cultura, la Secretaría de Educación Pública tendrá muchos retos que superar con la digitalización de los libros de texto gratuitos, que siguen siendo productos exclusivamente producidos en papel, pero éste es un tema para otro día.

Las apps de Conaculta han sido muy celebradas, pero sería interesante saber cuáles son los parámetros e indicadores para medir el éxito de estas apps en términos de la promoción de la cultura. El gobierno debe dejar de lado el papel de “productor” de cultura y enfocarse en ser un “facilitador” para que sus ciudadanos y artistas puedan crear y difundir su trabajo, especialmente en medios digitales.

 

 

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