Durante la primera etapa de la construcción de la democracia en México, ha sido muy relevante lograr a través de las urnas una legitimidad que sea origen del gobierno electo, lo que se ha valorado en mayor medida que la acción misma del gobierno, pues es también fuente de gobernabilidad. En el discurso del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha sido históricamente su posición como actor legítimo, en diversas dimensiones, aunque ahora es su principal activo, pues incluso en su discurso al obtener la constancia mencionó que el porcentaje de votación que obtuvo le da legitimidad mayor, además de un mandato para cambiar.

Sin embargo, la condición de legitimidad de origen no es suficiente para que realice un buen gobierno, sino únicamente un elemento que le permite, como a cualquier otro presidente electo, iniciar con acciones de gobierno. Una cosa distinta, es el gobierno que realizará, lo que tiene que ver con la construcción cotidiana de aceptación en el contexto de la legalidad, pero también con el desarrollo de capacidades técnicas para hacerlo.

En la campaña, además del tema de la legitimidad que la elección le aportaría, planteó también acciones que le permitían fortalecer la aceptación de las y los electores, con respecto a una diferencia simple entre ricos/pobres, malos/buenos, corruptos/honorables, opresores/oprimidos, donde la necesidad de construir símbolos discursivos resultaba fundamental para darle sentido a dichas dicotomías. Por ejemplo, planteó la idea de no vivir ni despachar en los pinos, sino en su casa y en el palacio nacional. En ese sentido, tendrá necesariamente cumplir y hacer realidad dicho símbolo discursivo, para mantener sus bonos de legitimidad.

Sin embargo, ese símbolo no se mantiene por sí mismo, si no hay eficiencia y eficacia en la acción gubernamental, por lo que ahí es donde tendrá que desarrollar capacidades técnicas para poder construir dicha legitimidad que surge no únicamente del cumplimiento de promesas, sino de la acción misma del gobierno.

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Esto nos lleva a una discusión sobre gobernabilidad, donde puede ser ubicada como la capacidad que tiene el gobierno de tomar decisiones y ejecutarlas. Por ejemplo, si se toma la decisión de construir un aeropuerto y no se puede ejecutar dicha acción, por las razones que eso implique, entonces habrá un problema de gobernabilidad. En ese sentido, López Obrador tendrá que asegurar condiciones de ejecución de las decisiones que tome, para no entrar a espacios de ingobernabilidad como los tres gobiernos anteriores a él lo hicieron, ya sea por problemas estructurales o funcionales del mismo sistema político.

Pero una cosa es que haya gobernabilidad y otra distinta que haya buen gobierno. Este último se refiere fundamentalmente a la idea de eficiencia y eficacia, donde las acciones tienen que venir acompañadas de capacidades técnicas para ejecutarlas y no únicamente plantearlas, pero sin las condiciones que las hagan posibles. Por ejemplo, cuando se planteó que habría un ahorro por prevención de la corrupción, no únicamente no se dijeron los cómo, sino las condiciones técnicas que permitirían un diagnóstico, diseño de solución, instrumentación y evaluación de dichas soluciones, por decir lo menos, para asegurar la posibilidad de tener resultados de gobierno.

Hasta ahora, sólo podemos plantear la idea de que el presidente electo es legítimo en su origen, pero tiene que serlo también como parte de sus actividad de gobierno, pues de otra manera, ese superávit de legitimidad que ahora mantiene, se puede convertir en su principal lastre, si no se desarrollan capacidades reales de toma de decisiones e instrumentación de las mismas, para mantener la legitimidad de gobierno, lo cual se logra únicamente con servidoras y servidores públicos, con las capacidades para el trabajo público y la construcción de valor.

 

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