La asociación civil señaló que las leyes a la reforma en telecomunicaciones  permitirán al Ejecutivo federal mantener diversas facultades, al tiempo que contradice lo expuesto en la iniciativa en materia de preponderancia.

 

 

Las leyes secundarias a la reforma en Telecomunicaciones debilitarían y retirarían atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y pasarían al poder de la Secretaría de Gobernación (Segob), así lo detalla la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) en un comunicado.

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La asociación indica que con la iniciativa, el Ejecutivo federal seguiría manteniendo diversas facultades al tiempo que invadiría libertades del órgano regulador: “La iniciativa raya en lo absurdo al permitir que la Segob conserve la suspensión de los servicios de radio y televisión que son los contenidos y ni siquiera modifican las sanciones establecidas desde 1960. Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pretende opinar de manera indebida sobre el Programa de trabajo y los informes de labores del regulador.  Igualmente se intenta que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) opine previamente sobre los proyectos regulatorios del Instituto”.

En uno de los puntos que despliega el organismo menciona la regulación a preponderantes que contradice lo que dicta la reforma constitucional: “En lo que corresponde a preponderancia se intenta una regulación contraria al texto constitucional, pues se pretende regular los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión por sectores, de tal suerte que las declaratorias que en el futuro imponga el Instituto no se refieran a estos servicios en su conjunto, lo que permitiría una segmentación favorable a los intereses de los concesionarios”, explica.

Asimismo, la Amedi señala que es contradictorio con la iniciativa de ley que el apagón analógico se aplace ilegalmente dos años, ya que se incumplen las medidas para democratizar el acceso a la banda ancha.

La institución manifiesta que la reforma en Telecomunicaciones ignora los derechos de los ciudadanos y hace un llamado a la sociedad civil a que éstos  prevalezcan “por encima de los intereses corporativos de los consorcios mediáticos y de telecomunicaciones”.

 

 

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