Por María Fernanda Ballesteros*

Llevamos varios años creciendo menos de lo esperado. En los últimos 15 años nuestra economía ha crecido en promedio 2% cada año, mientras nuestra productividad ha crecido apenas 0.2 por año, lo que es todavía más preocupante. La falta de oportunidades para una población joven que busca emprender o empezar un negocio e introducirse en la economía formal es latente.

La atención a la falta de crecimiento y productividad se ha centrado en grandes reformas estructurales planeadas desde y para la federación, pero ¿qué tanto pueden los gobiernos locales aportar o afectar no sólo en la generación de un ambiente propicio para negocios sino también en la debida implementación de estas reformas estructurales?

Tanto a nivel federal como local, los empresarios identifican la burocracia gubernamental y la corrupción como los dos principales factores que dificultan hacer negocios en el país de acuerdo con el Doing Bussiness 2016 y al Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

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El fomento a la competencia es una vía, como ha sido a nivel federal, para lograr objetivos de desarrollo económico y para disminuir la corrupción estatal, como lo demuestran algunos estudios.

Sin embargo, en México no ha existido una cultura de promoción de la competencia a nivel local. Por el contrario, se han acumulado leyes y políticas públicas que impiden generar un entorno competitivo en ese nivel. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha señalado la escasa sensibilidad de gobiernos locales hacia la competencia y cómo esto afecta el ambiente de negocios e inversión, así como la capacidad de estados y municipios para generar economías más dinámicas.

Las barreras regulatorias son uno de los obstáculos para que se desarrolle un ambiente de competencia en un mercado. La excesiva e inadecuada regulación a nivel local es uno de los principales retos que enfrentan emprendedores para empezar o para hacer crecer su negocio. Las cada vez más frecuentes regulaciones que protegen al empresario local de la competencia son un ejemplo de las políticas que van en detrimento de la productividad y de los consumidores.

Las políticas locales están llegando a ser incluso un obstáculo para la correcta implementación de algunas reformas estructurales. En 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) realizó un estudio en el que identificó restricciones a la competencia en las reglamentaciones de algunos estados y municipios a los mercados de telecomunicaciones, así como problemas relacionados con la instalación de infraestructura. Se encontró, por ejemplo, que las regulaciones y trámites estatales y municipales generan retrasos, sobrecostos, ineficiencias, riesgos e incertidumbre, a un grado tal que puede impactar negativamente sobre los proyectos de despliegue y/o aprovechamiento de infraestructura. Asimismo, se encontró que las empresas entrantes asumen sobrecostos y riesgos que empresas ya instaladas no tuvieron que asumir en su momento, lo que compromete la viabilidad de sus proyectos. Estos mismos problemas también pueden surgir en el marco de la implementación de la reforma energética.

Más allá del diseño de las propias reglas, su aplicación e implementación de políticas públicas también puede representar un problema en la creación de una cultura de competencia. Cuando la relación que predomina entre autoridades locales y privados se basa en el influyentísimo y no en mecanismos legítimos de influencia asentados en la transparencia, la rendición de cuentas, el mérito y la competencia económica, los esfuerzos de empresas y emprendedores ya no se enfocan en innovar o satisfacer a sus consumidores, sino en extraer favores por parte de las autoridades.

Desde principio de los setenta, George Stigler explicó la relación entre regulación y corrupción. Con su teoría de captura regulatoria describió cómo las regulaciones pueden estar hechas para proteger a incumbentes, por lo que recomendaba desregular para que hubiera mayores posibilidades de competir.

Si bien es cierto que muchos gobiernos locales en México deben eliminar sobreregulación innecesaria en muchos casos, también requieren fortalecer sus instituciones por medio de una mayor transparencia y rendición de cuentas, que incluyan datos abiertos y uso de nuevas tecnologías tanto para conocer la regulación como para crear mecanismos de verificación y sanción en caso de incumplimiento. Para esto, el seguimiento y monitoreo por parte de la sociedad civil es fundamental. También lo es la coordinación y seguimiento que puedan hacer algunos de los reguladores y organismos autónomos federales, como la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Comefer), la Cofece, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o el IFT, que pueden ejercer presión para una mayor competencia en áreas estratégicas, que a su vez ayude a disminuir la corrupción.

Otra de las medidas recomendadas por académicos del Banco Mundial como Daniel Kauffman consiste en hacer que las empresas cambien sus estrategias hacia formas más legítimas de influencia fuera de la captura del Estado. A nivel federal, las reformas a las leyes del SNA que incorporaron la sanción de empresas cuando lleven a cabo actos de corrupción, son un ejemplo de cómo se enfoca la atención a disminuir, o al menos encarecer, el lado de la demanda de la corrupción. Habrá que ver si las instituciones locales anticorrupción serán lo suficientemente fuertes para que en realidad se convierta en un elemento de disuasión.

Las autoridades locales tienen que jugar un papel importante en generar un ambiente en el que los privados puedan desarrollar actividades económicas y en impulsar la productividad, facilitar el emprendimiento, la innovación, la creación de empleos y mejorar la competitividad de sus ciudades. La necesidad de impulsar (o al menos de no obstaculizar) actividades productivas y el desarrollo económico desde lo local debe entonces estar dentro de sus prioridades. Si consideramos que las ciudades son uno de los ejes principales para el desarrollo económico de las democracias postindustriales, se vuelve central conocer y evaluar la regulación de autoridades locales en el marco de una política urbana dirigida a un mayor desarrollo económico y competitividad en la que las autoridades busquen generar un ambiente de mayores oportunidades para actividades productivas, el emprendedurismo y la innovación. También es importante crear incentivos para que las administraciones a nivel local fomenten un entorno competitivo y dejen de establecer reglas que se han vuelto una ventana de oportunidad para la corrupción, el rentismo y el capitalismo de cuates.

*Fernanda Ballesteros es Coordinadora de Competencia y Regulación de México Evalúa.

 

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