Negación plausible: caso de Odebrecht

‘Plausible deniability’ (negación plausible) es un término acuñado inicialmente por la administración Truman, en 1948 en Estados Unidos, para referirse al cuidado que debían tener oficiales del gobierno norteamericano para que las actividades encubiertas destinadas a la seguridad nacional de EU en otros países, hostiles a la política norteamericana, pudieran ser deslindadas, al momento de un potencial descubrimiento de las mismas por la opinión pública, de cualquier relación con el propio gobierno norteamericano. El concepto de ‘negación plausible’ fue incorporado posteriormente a la vida cotidiana a través de los juicios de carácter civil y criminal como un concepto fundamental en la defensa del acusado dando pie a reforzar la carga de la prueba por parte del acusador, en el caso de juicios civiles, y generando el concepto de ‘beyond a reasonable doubt’ (más allá de la duda razonable) en el caso de los juicios penales. La ‘negación plausible’ es, así, la búsqueda de todas las posibles salidas a una acusación, en el caso de los juicios mencionados, explorando todos los posibles argumentos que abran una duda en la descripción del acontecer de los hechos que permita el escape de la acusación, que muy bien puede ser la confirmación de inocencia. En el caso de las actividades militares y de espionaje, significa la construcción, de antemano, de esas dudas, en la narrativa, alejando a los posibles responsables de cualquier actividad ilícita desde la concepción misma de la actividad, previendo la exposición pública con ello dejando un margen de protección institucional para actividades de cuestionable ética internacional, pero necesarias para la defensa de la seguridad nacional. La sofisticación del concepto, ‘negación plausible’, desde su aparición y desarrollo en círculos académicos de jurisprudencia, lo ha convertido en una herramienta fundamental para una actividad que siempre está moviéndose en un terreno de cuestionable frontera entre la legalidad y la ilegalidad, y que es la actividad política. Como consecuencia misma de las negociaciones permanentes que tienen que llevar a cabo los políticos para mantener el orden y la civilidad en el frágil equilibrio social de múltiples intereses, todos en pugna, y de personalidades tan distintas como son, por ejemplo, los grupos financieros, los distintos grupos sociales organizados, las instituciones de conciencia, los sectores empresariales, la delincuencia organizada, los partidos políticos, el Ejército, etc., la ‘negación plausible’ es una estrategia necesaria que debe diseñarse antes de iniciar cualquier actividad o negociación, ayudando incluso a clarificar la naturaleza misma de la actividad o negociación. Si al iniciar el diseño de la ‘negación plausible’ sobre una situación o acción a tomar no es posible encontrar los huecos argumentales que protejan a los tomadores de decisión, queda definida la naturaleza contaminada de dicha actividad, con ello evitando incurrir en situaciones que, en caso de ser expuestas públicamente, afecten el desempeño político. Iniciando el uso de la ‘negación plausible’ en las campañas electorales, los políticos se acostumbran a vivir al filo de la legalidad a partir de este principio que, es muy importante aclararlo, no es la búsqueda de salidas mañosas para proteger actividades ilegales, sino todo lo contrario: la ‘negación plausible’ es el uso argumentativo de la ley que somete una acción de carácter político dudoso precisamente a la defensa de su legalidad. Esto es, siempre desde una perspectiva legal, cuestionar el mecanismo de la acción a realizar. Aunque iniciando con la aplicación básica y simple de la ley, el diseño de la argumentación necesaria que proteja al tomador de decisión buscará, dependiendo de la sofisticación de la actividad a realizar, profundizar en los cimientos semánticos y conceptuales de la ley para valorar la dimensión real de la ‘negación plausible’, que, a su vez, define la dimensión legal real de la acción en estudio. La conclusión de existencia o no de la ‘negación plausible’ es un factor indispensable para la toma de decisiones que, sin embargo, queda sujeto al criterio del tomador de decisiones. La ‘negación plausible’ es más relevante en el accionar político en la medida en que los medios de comunicación ejerzan su función periodística y de investigación de manera eficiente y al servicio de la opinión pública, y cuando esta opinión pública es respetada y valorada de manera correcta como los principales jueces y verdugos de la actividad pública. Como aquí ya lo hemos señalado anteriormente, la perspectiva del servicio público como una actividad con fines de lucro fácil, y que se acentuó de manera dramática desde el año 2000 con los gobiernos de este siglo que incrementaron los niveles de corrupción sin ninguna consecuencia legal, ha ido menospreciando cada vez más a la opinión pública a tal punto que pareciera que la ‘negación plausible’ ya ni siquiera es una preocupación en los actuales gobernantes. Actuando seguros de su impunidad, quedan al descubierto negociaciones dudosas, acuerdos oscuros, corrupciones evidentes en donde ni siquiera se ve la preocupación de tener preparados argumentos creíbles, mucho menos una estrategia de ‘negación plausible’. En el reciente caso de Odebrecht, ya ni siquiera se percibe sensibilidad política alguna. La reciente declaración de la casa presidencial mexicana aceptando reuniones con el personal de Odebrecht, al mismo tiempo que se cesa al procurador responsable de las situaciones electorales  a cargo de la investigación del uso del dinero de Odebrecht en la campaña 2012 del actual presidente, y se defiende con la mecánica de las mass media convencional al principal señalado por la misma Odebrecht de ser el nexo para la entrega de fondos etiquetados por la empresa para ‘estímulos’ que ayudaran a la contratación de nuevos proyectos -más de 900 millones de dólares en México sólo para la construcción del oleoducto Los Ramones-, deja clarísimo que nunca hubo un diseño de ‘negación plausible’ al inicio de estas negociaciones. La total falta de estrategia, aunada al marcado desprecio por la opinión pública, deja al descubierto un desorden institucional peligroso que desacredita a las instituciones del país y fragmenta la solidez del ejercicio de gobierno. Lo preocupante aquí no es la falta de capacidad política para pensar en diseñar una estrategia de ‘negación plausible’ que protegiera al futuro presidente al inicio de las hoy señaladas negociaciones con Odebrecht. Lo preocupante aquí es la arrogancia del grupo político actual con la que ni siquiera se pensó en la necesidad de protegerse ante la posible exposición pública de dichas negociaciones, falta de precaución que estamos viendo como hoy está dinamitando la necesaria serenidad del quehacer político, llevando al país a un estado de confusión generalizada. Lo preocupante es la concepción patrimonialista del poder, con un auténtico desdén por la opinión pública, en un entorno de complicidad evidente de la media convencional. Ruta para el desastre.   Contacto: Correo: [email protected] Twitter: @lgsrock101 Facebook: Rock101 Página web: Rock101online.mx Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.