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El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó los últimos cinco minutos de su conferencia mañanera del 18 de marzo a la minería: “Queremos que las empresas mineras, las canadienses en particular, lleven a cabo una explotación minera limpia. Lo único que les pedimos es que actúen igual que como están obligadas a hacerlo en Canadá; es decir, que le paguen bien al minero, que paguen la misma cantidad de impuestos y, sobre todo, que no contaminen”.

El mensaje del mandatario en Palacio Nacional fue rotundo y llegó en uno de los momentos más complicados del sector, debido a que, en los próximos meses, las mineras se enfrentarán a diversas propuestas legislativas y de los gobiernos estatales para endurecer las restricciones medioambientales, elevar los impuestos, regularizar los pagos de derechos y dar mayor voz y voto a las comunidades donde las compañías tienen o pretenden establecer proyectos de extracción.

De por sí, la actividad minera no vive sus mejores días. El año pasado, las inversiones fueron de 4,550 millones de dólares (mdd), según registros de la cámara minera, casi la mitad de los 8,043 mdd invertidos en 2012; y se cree que este año bajará aún más, a 4,000 mdd.

En exploración, actividad de la que dependen los proyectos futuros, fue lo mismo: la inversión, el año pasado, fue de 384 mdd, muy lejos de los 1,165 mdd de 2012.

La caída en la inyección de capital también llega después de la baja de los precios internacionales de minerales como el oro y la plata, ocurrida el año pasado.

Desde cualquier ángulo, el escenario para la minería ya no es el mismo. “Podría definir [el momento actual] en una sola palabra: incierto”, dice Jorge Ruiz, socio de Baker & McKenzie y experto en el tema. Primero porque, desde el sexenio pasado, dejó de ser una industria prioritaria para el gobierno; y, segundo, porque no hay certeza de que saldrán nuevos proyectos, señala.

Una nueva veta

Con una postura menos enérgica que la del presidente López Obrador, al interior de la Subsecretaría de Mine-ría de la Secretaría de Economía (SE) se gestan las políticas con las que la administración federal pretende que la minería dé un salto cualitativo en los próximos cinco años, mediante tecnologías y reglas hacia una actividad más segura y menos dañina con el entorno, pero que, a la vez, sea rentable para las arcas del Estado.

La idea es que, junto con las ganancias de las empresas, haya derrama y se desarrolle infraestructura en beneficio de las poblaciones. “No necesariamente las iniciativas del gobierno federal o del poder legislativo van a impactar negativamente [en las empresas]”, asegura Francisco José Quiroga Fernández, subsecretario de Minería, al referirse a los cambios que prepara.

Desde su punto de vista, los planes del gobierno mejorarán los costos de las compañías, porque las empresas tendrán que invertir menos en seguridad (contra la delincuencia) y bajará la incertidumbre para sus inversiones.

“Lo que no es negociable es la pérdida de vidas humanas, los desastres naturales [provocados por las empresas] y cualquier intento de captura del regulador”, sentencia el funcionario. “Hay que pagar impuestos, hay que cumplir con la normatividad”, ahonda.

El tema medioambiental es una de las prioridades. “Venimos teniendo derrames de presas de jales, donde se acumulan los metales de desechos que tienen una cantidad de productos metálicos de alto contenido cancerígeno, y no pasa nada [no hay sanciones adecuadas], siguen operando”, denuncia Napoleón Gómez Urrutia, integrante de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, del Senado.

Para revertir las cosas, Geovanna Bañuelos de la Torre, presidenta de esa comisión, hace hincapié en que las firmas deben comprometerse más: “Ha habido una cadena de corrupción muy importante entre quienes supervisan estos convenios [en los tres niveles de gobierno], de tal suerte que buscaban su beneficio y no necesariamente supervisaban que estos acuerdos [de verificación en materia medioambiental] se llevaran a cabo”.

Músculo legislativo

Los asociados de la Camimex han tenido acercamientos con la oficina de Quiroga Fernández, para conocer los planes. La comunicación ha sido sencilla y hay conocimiento del tema en el equipo de gobierno, asegura Fernando Alanís Ortega, presidente del organismo y director general de Industrias Peñoles.

Pero en el Congreso las cosas no pintan igual. “Ha habido iniciativas complicadas y que muestran un profundo desconocimiento de lo que es nuestro sector”, añade Alanís. “Es importante tener un mayor trabajo del ejecutivo dentro del legislativo para tener una mejor coordinación en las iniciativas”.

El primer “round” llegó prácticamente a la par de la nueva legislatura. El 20 de noviembre de 2018, la senadora Angélica García (ya fallecida), de Morena, presentó un documento que pretendía modificar la ley minera, en materia de impacto ambiental, donde proponía:

  1. Facultar al Servicio Geológico Mexicano (SGM) para que realice estudios de impacto social de las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.
  2. Facultar a la Secretaría de Economía para que pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.
  3. Garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y de respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretenden desarrollar.
  4. Obligar a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación, así como a rendir un informe anual de impacto social de su lote minero; y, de no hacerlo, cancelar la concesión por incumplimiento.

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Para Alberto Orozco Garza, presidente del Clúster Minero de Sonora, los requerimientos planteados por la legisladora se solventan con los reportes de responsabilidad social que emiten las empresas, y que abarcan, dice, las acciones de las empresas en las áreas donde actúan, incluyendo seguridad y salud ocupacional, y las relacionadas con el medioambiente e interacción con las comunidades cercanas. Estos informes, sin embargo, no reportan acciones relativas a un lote minero en particular, sino que son informes genéricos sobre las operaciones mineras.

Orozco también arguye que existe el pago por el derecho especial de minería, que va al Fondo Minero, para beneficiar a las comunidades, por lo que no es necesario imponer uno nuevo. En cuanto al SGM, dice que no está facultado para realizar estudios sociales.

Yacimiento de impuestos

Gómez Urrutia asegura que no ha habido modificaciones a la ley minera en materia fiscal desde hace varios años y que hay países más pequeños que México que cobran al sector mucho más en impuestos, como Bolivia, Perú o Chile.

“Se acostumbraron, todas estas grandes empresas, a estar exentas del pago de impuestos; y, si no estaban exentas y los pagaban, pues, se los devolvían de otra manera”, asegura.

Las mineras han tenido que desembolsar más recursos en los últimos años. Éste es el caso del Fondo Minero, derivado de la Reforma Fiscal de 2014, el cual establece el pago de derechos especial, adicional y extraordinario para construir infraestructura social en las comunidades donde tiene lugar la extracción.

Sin embargo, desde finales del año pasado, esta bolsa económica quedó suspendida porque los recursos no estaban llegando a la gente debido a malos manejos.

“He recibido a muchas personas de diferentes estados de la República y es como un clamor general que se vuelva a restituir el Fondo Minero”, describe Gómez Urrutia. “Es parte de un proyecto muy importante para fortalecer el desarrollo de la pequeña, mediana y microminería, que dan tantas fuentes de trabajo en el país, y que es fundamental para un desarrollo más equilibrado de todo el sector, en lugar de estar apoyado en unas cuantas empresas”.

En otra arista del tema impositivo, en los últimos años las políticas fiscales se han mostrado más agresivas con la industria minera, de acuerdo con una presentación del Clúster Minero de Sonora, basado en información de la consultora PWC. En un comparativo, sin indicar las variables, muestra que, en 2016, las empresas mineras en México tuvieron una carga impositiva de 54%, seguida de Perú (44%), Chile (40%), Canadá (36%) y Estados Unidos (33%), lo que, según la consultora, ha impactado en la baja de la rentabilidad, la falta de liquidez y la inviabilidad de nuevas inversiones.

Y ocurre algo similar en la “Herramienta comparativa de datos de impuestos mineros” (Compare Mining Taxes Data Tool), también de PWC, donde la Tasa Máxima de Impuestos sobre la Renta de las Empresas (CIT, por sus siglas en inglés) de México es de 30%, mientras que la de Canadá es de entre 15 y 31%; la de Chile, de 24%; la de Perú, de 28%; y la de Estados Unidos, de entre 35 y 47%.

Para disminuir la carga impositiva, la Camimex pide que se retomen prácticas que existían antes, como la posibilidad de deducir en el mismo año el gasto de exploración, en lugar de llevarlo a un lapso de 10 años, pues eso frena, dice el organismo, la búsqueda de nuevos yacimientos.

Por otro lado, tras una controversia constitucional, el 7 de febrero de este año una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la posibilidad de que Zacatecas o cualquier otro estado cobre impuestos en materia medioambiental, lo que impactaría a la minería.

Al respecto, la SE considera que la regulación es una atribución federal, mientras que la ambiental corresponde a los estados. “Entonces, al menos para la minería, como ya está regulado federalmente [el impuesto], no puede ser doblemente tasado por una cuestión ambiental”, dice Quiroga Fernández, de la SE.

A pesar de esto, hace énfasis en que existen actividades no relacionadas directamente con la minería, las cuales podrían provocar un impacto ambiental, como la construcción de algún camino o un derecho de paso, lo cual sí podría generar un cobro gubernamental.

De inicio, al cierre de la edición todavía no estaba disponible el engrose de la SCJN, que es donde se ve con exactitud los alcances de la sentencia, la cual, dice Quiroga, es la última instancia.

La voz del pueblo

Otro de los temas que tiene en jaque a la minería es la posibilidad de dar mayor voz y voto a las comunidades donde una empresa pretende iniciar un proyecto. Precisamente este punto ha sido una de las grandes preocupaciones expresadas en los foros mineros internacionales. “Es un tema que puede tener más relevancia [en la actualidad] para decidir dónde se van a aceptar las nuevas concesiones mineras”, comenta Eduardo Salgado Enciso Álvarez, socio líder de Minería en KPMG México. Agrega que, incluso, las comunidades pueden estar en contra de permisos que ya se dieron, lo que complica más la situación.

La ley da al gobierno federal la posibilidad de expropiar una superficie de tierra para la actividad minera, a pesar de que sea propiedad de ejidatarios o comunidades indígenas. “Y todavía hay personas, abogados, sobre todo, que llegan a esta oficina diciendo: ‘Está esta posibilidad jurídica y queremos hacer uso de ella’. Pues no, [eso] no va a suceder”, expresa Quiroga Fernández.

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El gobierno federal está convencido de que los proyectos funcionan únicamente si las empresas consultan e incorporan a las comunidades. Foto: Dan Barnes / Getty Images.

El Clúster Minero de Sonora está de acuerdo con las consultas, siempre y cuando se hagan en el momento correcto, que, desde su punto de vista, es cuando la empresa ya encontró que es viable extraer el mineral y necesita solicitar una autorización, para luego construir la mina y comenzar la operación.

Al respecto, el gobierno federal está convencido de que los proyectos funcionan únicamente si las empresas consultan e incorporan a las comunidades para que también obtengan beneficios y participen de la derrama, ya sea con fuentes de empleo o como proveedores de servicios, de manera directa o lateral.

Pero Gómez Urrutia ahonda dice que ha faltado que la autoridad exija a las mineras que cumplan con lo prometido (infraestructura y beneficios a las comunidades) y que reparen los daños cuando sucede una tragedia, pero, sobre todo, que les hagan las inspecciones necesarias para prevenir ese tipo de accidentes, producto de la negligencia y la falta de inversión en la salud y para proteger la vida humana.

“Lo mismo no cumplen empresas grandes que pequeñas, pero, curiosamente, la mayoría de las empresas grandes son las que menos cumplen”, opina el legislador por Morena.

Y denuncia que la empresa canadiense Torex Gold Resources, que opera el proyecto Media Luna, ha querido obligar a los trabajadores a que formen parte de un sindicato al que ellos no quieren afiliarse. Agrega que dicha compañía no ha dado a las comunidades el empleo al que se comprometieron, ni los servicios públicos como alumbrado, agua potable, caminos o clínicas de salud.

Terreno fangoso

A principios de marzo, el presidente López Obrador anunció la cancelación del proyecto de oro denominado Los Cardones, ubicado en Baja California, concesionado a Desarrollo Zapal, subsidiaria de la canadiense Invecture Group, que a su vez pertenece a la canadiense Frontera Mining Company. El motivo fue que dañaría el entorno ecológico.

Con esta decisión se hizo presente uno de los principales temores de los empresarios del sector. “Si se sigue mandando ese mensaje [falta de seguridad de que las compañías podrán explotar sus concesiones en el futuro], sería más manifiesta la incertidumbre que existe entre los inversionistas, y eso volvería más escaso el capital que ellos decidan invertir en México, principalmente en el tema de nuevas exploraciones”, argumenta Mario Alberto Hernández Contreras, socio líder de Minería en Impuestos para KPMG México.

El problema viene “cuando mandan el mensaje [noticias sobre la cancelación de proyectos mine-ros] sin un soporte detrás que te diga que van a hacer una revisión minuciosa de todas las concesiones mineras y una reasignación para efectos de que empiecen a explorar y a explotar”, arguye.

“Habrá que adecuar la ley en lo general, porque ha estado vigente durante los últimos 30 años; se ha ido relajando y relajando más el control [del Estado]”, propone Gómez Urrutia.

Y sugiere volver a los tiempos en los que, si después de dos años de haber recibido una concesión minera, una empresa no demostraba que estaba realizando inversiones en actividades como exploración, se le podía cancelar la concesión.

“Se daban concesiones para 10 o 20 años, pero, actualmente, se otorgan para 50 y 100 años, cuando, muchas veces, los yacimientos duran escasamente 10 o 15 años, pero ya no la regresan [la concesión] después y se quedan con ella para 100 años”, ahonda.

Zona de exploración

A pesar de todas las desavenencias que se libran en la minería mexicana, a escala mundial hay esperanzas de salir del bache, como observaron diversos asistentes al PDAC, uno de los foros globales más importantes de la minería, celebrado a principios de marzo en Toronto, Canadá. Ahí se habló de la posibilidad de que suban los precios de los minerales y de que mejoren las inversiones.

“Tenemos muchos años de experimentar depresión en el sector y creo que se empiezan a ver algunas señales de que las condiciones podrían mejorar, y ojalá que aquí, en México, aprovechemos esas oportunidades de la mano del gobierno”, expone Orozco Garza, del Clúster Minero de Sonora.

El gobierno federal se dice convencido de que se podrá revertir la situación que atraviesa la minería en el país, pero también es consciente de que hay factores que podrían complicar las cosas: una visión fragmentada y dividida pensada en el corto plazo, y un accidente, como el de Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros en 2006, o como el desastre ecológico del Río Sonora, ocurrido en 2014.

“Algo así pondría la percepción pública completamente en contra de la minería y descarrilaría nuestros esfuerzos de implementar mejores prácticas”, concluye Quiroga Fernández, de la SE.

Arcas vacías

El gobierno continúa sin recibir la totalidad de los pagos de derechos por las concesiones, de las cuales, 60% (alrededor de 15,000) registra algún tipo de retraso en el pago.

Esto repercute en las finanzas del gobierno. Por ejemplo, si alguna empresa debe 6 millones de pesos (mdp), la administración no cuenta con recursos para dar 1,000 tandas del bienestar para echar a andar proyectos productivos.

La Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía (SE) indica que todavía es necesario revisar los motivos de los adeudos: algunos no quieren dar su contribución porque están especulando, en espera de que les hagan una exención; otros no están dando su aportación por una decisión de negocio, y hay un grupo que no se encuentra en condiciones de desembolsar el recurso debido a que sus proyectos están detenidos por falta de financiamiento para echarlos a andar.

Al cierre de la publicación, la dependencia no ha especificado la proporción de empresas grandes y pequeñas que hay entre los deudores.

Los que viven el último de los escenarios, normalmente pequeños mineros, reciben atención especial por parte del gobierno, el cual trabaja con ellos para que puedan implementar esquemas de asociación, y tengan asistencia técnica del Servicio Geológico Mexicano (SGM) y del Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi), de modo que puedan contar con un modelo de negocio viable y, así, regularicen su situación.

No es un tema menor: la falta del pago de derechos o de inversión puede, incluso, provocar la cancelación de la concesión.

 

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