- Facultar al Servicio Geológico Mexicano (SGM) para que realice estudios de impacto social de las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.
- Facultar a la Secretaría de Economía para que pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.
- Garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y de respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretenden desarrollar.
- Obligar a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación, así como a rendir un informe anual de impacto social de su lote minero; y, de no hacerlo, cancelar la concesión por incumplimiento.
Una propuesta regulatoria pone en jaque a mineras
En los próximos meses el sector minero se enfrentará a diversas propuestas legislativas y de los gobiernos estatales para endurecer las restricciones medioambientales y elevar los impuestos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó los últimos cinco minutos de su conferencia mañanera del 18 de marzo a la minería: “Queremos que las empresas mineras, las canadienses en particular, lleven a cabo una explotación minera limpia. Lo único que les pedimos es que actúen igual que como están obligadas a hacerlo en Canadá; es decir, que le paguen bien al minero, que paguen la misma cantidad de impuestos y, sobre todo, que no contaminen”.
El mensaje del mandatario en Palacio Nacional fue rotundo y llegó en uno de los momentos más complicados del sector, debido a que, en los próximos meses, las mineras se enfrentarán a diversas propuestas legislativas y de los gobiernos estatales para endurecer las restricciones medioambientales, elevar los impuestos, regularizar los pagos de derechos y dar mayor voz y voto a las comunidades donde las compañías tienen o pretenden establecer proyectos de extracción.
De por sí, la actividad minera no vive sus mejores días. El año pasado, las inversiones fueron de 4,550 millones de dólares (mdd), según registros de la cámara minera, casi la mitad de los 8,043 mdd invertidos en 2012; y se cree que este año bajará aún más, a 4,000 mdd.
En exploración, actividad de la que dependen los proyectos futuros, fue lo mismo: la inversión, el año pasado, fue de 384 mdd, muy lejos de los 1,165 mdd de 2012.
La caída en la inyección de capital también llega después de la baja de los precios internacionales de minerales como el oro y la plata, ocurrida el año pasado.
Desde cualquier ángulo, el escenario para la minería ya no es el mismo. “Podría definir [el momento actual] en una sola palabra: incierto”, dice Jorge Ruiz, socio de Baker & McKenzie y experto en el tema. Primero porque, desde el sexenio pasado, dejó de ser una industria prioritaria para el gobierno; y, segundo, porque no hay certeza de que saldrán nuevos proyectos, señala.
Una nueva veta
Con una postura menos enérgica que la del presidente López Obrador, al interior de la Subsecretaría de Mine-ría de la Secretaría de Economía (SE) se gestan las políticas con las que la administración federal pretende que la minería dé un salto cualitativo en los próximos cinco años, mediante tecnologías y reglas hacia una actividad más segura y menos dañina con el entorno, pero que, a la vez, sea rentable para las arcas del Estado.
La idea es que, junto con las ganancias de las empresas, haya derrama y se desarrolle infraestructura en beneficio de las poblaciones. “No necesariamente las iniciativas del gobierno federal o del poder legislativo van a impactar negativamente [en las empresas]”, asegura Francisco José Quiroga Fernández, subsecretario de Minería, al referirse a los cambios que prepara.
Desde su punto de vista, los planes del gobierno mejorarán los costos de las compañías, porque las empresas tendrán que invertir menos en seguridad (contra la delincuencia) y bajará la incertidumbre para sus inversiones.
“Lo que no es negociable es la pérdida de vidas humanas, los desastres naturales [provocados por las empresas] y cualquier intento de captura del regulador”, sentencia el funcionario. “Hay que pagar impuestos, hay que cumplir con la normatividad”, ahonda.
El tema medioambiental es una de las prioridades. “Venimos teniendo derrames de presas de jales, donde se acumulan los metales de desechos que tienen una cantidad de productos metálicos de alto contenido cancerígeno, y no pasa nada [no hay sanciones adecuadas], siguen operando”, denuncia Napoleón Gómez Urrutia, integrante de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, del Senado.
Para revertir las cosas, Geovanna Bañuelos de la Torre, presidenta de esa comisión, hace hincapié en que las firmas deben comprometerse más: “Ha habido una cadena de corrupción muy importante entre quienes supervisan estos convenios [en los tres niveles de gobierno], de tal suerte que buscaban su beneficio y no necesariamente supervisaban que estos acuerdos [de verificación en materia medioambiental] se llevaran a cabo”.
Músculo legislativo
Los asociados de la Camimex han tenido acercamientos con la oficina de Quiroga Fernández, para conocer los planes. La comunicación ha sido sencilla y hay conocimiento del tema en el equipo de gobierno, asegura Fernando Alanís Ortega, presidente del organismo y director general de Industrias Peñoles.
Pero en el Congreso las cosas no pintan igual. “Ha habido iniciativas complicadas y que muestran un profundo desconocimiento de lo que es nuestro sector”, añade Alanís. “Es importante tener un mayor trabajo del ejecutivo dentro del legislativo para tener una mejor coordinación en las iniciativas”.
El primer “round” llegó prácticamente a la par de la nueva legislatura. El 20 de noviembre de 2018, la senadora Angélica García (ya fallecida), de Morena, presentó un documento que pretendía modificar la ley minera, en materia de impacto ambiental, donde proponía: