El Paquete Económico 2019 lanza la última señal que esperaba la opinión pública, y que era necesaria para delinear el perfil y rumbo del naciente Gobierno. Con una importante disminución a rubros como Agricultura y Desarrollo Rural, Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, se pone sobre la mesa el corte político del actual Gobierno de México; destinar recursos prioritarios a programas sociales, comunicación institucional, defensa, y energía, nos habla de la urgencia de la inmediatez, de la necesidad del Gobierno de generar (o afianzar) capital político, de ofrecer una gama de paquetes de previsión social y de desarrollo social (bienestar) que no habiliten ni empoderen al ciudadano mexicano en situación de vulnerabilidad, sino que por el contrario se genere un estado paternalista que genere dependencia hacia los programas sociales.

Los programas de la Secretaría de Bienestar serán suministrados a los estados a través de la figura del súper delegado, quien además de fungir como un operador político en las entidades federativas, también alineará el mensaje de comunicación institucional que se lleve incluso a los estados gobernados por la ahora oposición. Sin reglas de operación, ni continuidad en los padrones de beneficiarios de programas sociales, la nueva cartera de programas llegará con premura a los estados alistando la próxima elección del 2021. Afianzada la revocación de mando, y con el perfil presupuestario que se vislumbra para 2019, el presidente de la República tendrá carta abierta para operar activamente las campañas intermedias de 2021, pero además la suya propia para evitar la revocación de mando cada dos años.

Preocupa sobre manera un presupuesto que no prioriza la educación como recurso habilitador de los ciudadanos, ni considera la cultura como prioridad de desarrollo integral para la reconstrucción del tejido social.

Pareciera que se regresa al tiempo en el que la comunicación institucional es más importante que la investigación académica y en el que la inversión a futuro se privilegia sobre el desarrollo educativo.

Conforme se consumen los primeros cien días de Gobierno, vemos que aún falta concretar de manera puntual la estructura que permitirá lograr la sustentabilidad y desarrollo prometido y anhelado.

La contracción del presupuesto a Relaciones Exteriores contrasta con la asignación anunciada por el canciller Ebrard y luego confirmada por el presidente López Obrador, por 30 mil millones de dólares en los próximos 6 años (lo que hace 5 mil millones al año) para el Plan de Desarrollo Integral, que organizado en cuatro capítulos: origen de la migración, tránsito de los migrantes; destino y retorno de los migrantes, promete ser más que un paliativo al actual problema regional de la región.

Aunque es inadecuado ponderar el alcance el Plan sin que se haya ejecutado, a la luz del debate que atrae el Paquete Económico 2019, se cuestiona el aprovechamiento de 5 mil millones de dólares en educación de niñas, niños y adolescentes mexicanos; o en la investigación académica que a través de Conacyt hoy pierde importantes posibilidades de continuidad a importantes proyectos.

Para alcanzar las metas propuestas por el presidente López Obrador en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, es necesario apostarle a la educación, a la cultura y al verdadero desarrollo social.

 

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