El retorno de los recursos que fueron saqueados de las arcas públicas a través de diversos desvíos es uno de los elementos que marcan el éxito en los procesos judiciales en contra de casos de corrupción; pero en el caso de los aproximadamente 7,610 millones de pesos que se desviaron a través de un esquema de triangulación de contratos en 11 dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social, es probable que no se regrese un solo peso.
Al menos esa es la predicción de Juan Manuel Portal, ex titular de la Auditoría Superior de la Federación quien encabezó las investigaciones que destapó este fraude y otros desvíos de recursos públicos en gobiernos estatales como en el caso de los detectados en Veracruz durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa.
Pese a ello, este contador público egresado de la UNAM, considera que es importante investigar en manos de quién fueron a parar esos recursos públicos, algo que en el esquema de investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República, aún no se contempla.
“La Auditoria Superior de la Federación no puede saber en dónde se depositó el dinero y más si son operaciones entre entes privados, que se paga en efectivo después de dos o tres subcontrataciones pues es difícil, casi imposible. Pero otras autoridades pueden hacerlo, así que se tiene que profundizar y sobre todo que se pueda llegar hasta donde quedó el dinero, en manos de quién y qué pasó” advierte Portal en entrevista con Forbes México.
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Las cuentas de Rosario
La gestión de Portal en la ASF entre 2009 y 2017, recientemente cobró relevancia debido a la investigación judicial en contra de Rosario Robles, titular de la Sedesol y la Secretaría de Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tiempo en el que se registraron desvíos por hasta 5,073 millones de pesos que supuestamente se canalizaron en la celebración de 27 convenios irregulares con universidades públicas para la prestación de servicios, que a su vez entregaron a empresas inexistentes.
Además, el exauditor superior de la federación también ha afirmado en diversas ocasiones y ante distintos medios de comunicación que figuras clave del gobierno federal anterior como José Antonio Meade, en su papel de Secretario de Hacienda y Crédito Público, y el propio Enrique Peña Nieto fueron avisados del daño multimillonario al erario y en ese sentido, los cálculos apuntan que ambos tendrán que ser investigados, junto con toda la red de funcionarios y contralores internos que obviaron el desfalco.
Sin embargo, el propio presidente actual, Andres Manuel López Obrador, ha sido enfático al negar que haya investigación alguna sobre su predecesor.
Las denuncias de la ASF
La ASF ha presentado 36 denuncias penales por este caso de desvío de recursos, de las cuales 10 resultaron en juicios encausados por la Procuraduría General de la República (PGR) sin que se procesara a ningún servidor público.De hecho, Portal recuerda que en abril de 2017, aún durante su gestión, la ASF firmó un convenio con la PGR, que estaba encabezada por Raúl Cervantes, para dinamizar y fortalecer las investigaciones derivadas de la fiscalización; sin embargo, seis meses después la renuncia de Cervantes no apoyo al avance de estos planes.
“Vi la clara intención del procurador de darle para adelante a estos asuntos, finalmente renunció y ahí se quedó todo. Él ya tenía (investigaciones de) casos de los gastos como Odebrecht y otros. Se detuvo después de que él salió, que bueno que ya se está actuando ahora”, advierte.
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Por ello, Portal califica el actuar de la Fiscalía General de la República de oportuno y una oportunidad para que la investigación de Robles altamente mediática se convierta en un precedente.
Sin embargo, no se trata de dar un voto de confianza a ciegas a la nueva administración, de hecho, Portal advierte que prácticas como la asignación de contratos a través de la adjudicación directa se ha convertido una práctica recurrente en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un esquema vulnerable y que se recomienda dejar de utilizar
“Esas adjudicaciones directas, tomando una interpretación indebida a la Ley de Adquisiciones, propició que se entregará dinero en tal cantidad a las universidades o a los organismos de radio y tv estatales en lo que permite la ley, porque en la ley hay que hacer adecuaciones, pero si quieren interpretar se puede hacer una desviación absoluta, en el caso de lo que ocurrió en Sedesol los funcionarios se respaldan que actuaron conforme a la ley y no es cierto, le dieron la vuelta a la ley”, apunta.
La investigación periodística de La Estafa Maestra publicada en 2018 por Animal Político en alianza con Mexicanos Contra la Corrupción, explica que estas “interpretaciones” de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la siguiente manera: ocurrieron porque es la ley permite que las dependencias hagan convenios con universidades públicas para adquirir servicios, sin embargo, las universidades contrataron a terceros para cumplir con estos servicios, mismas que resultaron ser empresas fantasma.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción del total de 76,613 contratos registrados del inicio de la gestión de AMLO hasta junio de este año, 77.4% de estos se trataron de contratos de compra o prestación de servicios a una empresa determinada sin ningún tipo de concurso.
