Por Ana de Saracho* Desde que tengo memoria, he escuchado a la gente decir que “todo depende del cristal con el que se mire”. Esta expresión tan común y trillada, recoge de manera extraordinaria la definición de la “perspectiva” personal, que no es más que el punto de vista con respecto a una situación específica. Ese lugar desde donde se enfoca la atención y que lo hará ver una u otra cosa. La perspectiva personal no es inamovible, puede modificarse con el tiempo, ya que, aunque es algo que se desarrolla con base en habilidades y talentos y que se forja con la experiencia social, académica y profesional, acepta cambios en la medida en que surjan nuevos elementos que permitan ver las cosas de una forma distinta. De ahí la importancia de que en la toma decisiones se asegure la generación del diálogo, que permita a las personas intercambiar sus ideas con base en distintas perspectivas y que, en la mayoría de los casos, resultará en resoluciones que, si bien nunca serán perfectas, por lo menos gozarán del blindaje necesario al haberse garantizado el nivel de discusión y el análisis de los distintos escenarios positivos y negativos que pudieran generarse. Así sucede en el sector de las telecomunicaciones, actividad por demás compleja, debido al alto grado de especialización y conocimiento técnico, económico y jurídico que se requiere, así como a la diversidad de intereses que se ponen de manifiesto. La forma más sencilla de ejemplificar esta situación es pensando en una sábana corta, que sin importar la parte del cuerpo que se decida cubrir, siempre “descobijará” otra. ¿Qué debe prevalecer? La cabeza, los pies, el costado derecho o el costado izquierdo. Esta pregunta sólo podrá resolverse en la medida en que se analice el asunto desde las distintas perspectivas aplicables y, con base en estas, la decisión se tome de forma responsable. Es precisamente por esto que como parte de la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones realizada en junio de 2013, se ordenó la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano autónomo constitucional para regular en dicha materia y salvaguardar las condiciones de competencia del sector. Un órgano que no respondiera a intereses específicos y que pusiera en la balanza todos ellos, previo a la toma de una decisión. De igual forma, el decreto de reforma constitucional previó que su autoridad máxima fuera un Pleno conformado por siete Comisionados que sesionaran regularmente para debatir los distintos temas que les fueran presentados y, que los mismos, se decidieran por votación de la mayoría de ellos. También, por su alto grado de especialización y a fin de salvaguardar la autonomía de dicho órgano, el decreto constitucional previó la creación de un Comité de Evaluación interdisciplinario (integrado por los titulares de Banxico, Inegi e INEE) que se constituyera temporalmente para llevar a cabo el proceso de evaluación y selección de los candidatos que integrarían la terna que se somete a consideración del presidente de la República, para que designe a uno de ellos y someta su nombramiento a la posterior ratificación del Senado de la República. Lo que ni el decreto ni la legislación secundaria previeron, fue la necesidad de respetar algunas premisas para la conformación del Pleno de dicho órgano que garantizara el análisis de la mayor cantidad de perspectivas sobre el mismo asunto, fortaleciendo la diversidad e inclusión de todos los actores del sector. Así, la necesidad de contar entre sus miembros con por lo menos un experto en el ejercicio de las atribuciones prioritarias del Instituto (regulación, competencia económica y derecho administrativo), así como el establecimiento de cuotas de género que, entre otros requisitos no escritos, resultan de gran envergadura. Actualmente el Pleno del Instituto Federal está integrado por seis hombres y una sola mujer, María Elena Estavillo, especialista en materia de competencia económica. Ella terminará su encargo el 28 de febrero de 2019, por lo que la única mujer y especialista en este tema dejará de formar parte del Pleno. Por esta razón actualmente se encuentra abierto el proceso de selección de aquella persona que la sustituirá a partir del próximo mes de marzo. Aunque este tema ya ha sido abordado por diversos colegas especialistas, me gustaría aportar mi punto de vista a fin de enriquecer la discusión y fortalecer los argumentos que se analicen en la toma de tan importante decisión. Aunque el Comité de Evaluación en funciones está obligado a conformar la terna de candidatos que presenta al Ejecutivo Federal con base en las calificaciones aprobatorias más altas derivadas de la aplicación del examen técnico de conocimientos que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre y, por ende, pareciera no contar con margen de maniobra alguno para privilegiar otros criterios en dicha decisión, la realidad es que tiene la facultad de elaborar el examen ponderando de manera distinta la cantidad de preguntas relacionadas con la especialización requerida, para que los mejores candidatos a Comisionados cumplieran con un perfil específico, que en esta ocasión debiera tratarse de un experto en materia de competencia económica. De igual forma, tanto la facultad de nombramiento depositada en el presidente de la República, como la de ratificación del Senado, permiten un cierto grado de discrecionalidad, por lo que ambos poderes, una vez conformada la terna, pudieran influir, dentro del marco de la ley, para elegir a la persona idónea que asegure el balance de especialidades y perfiles en este órgano autónomo y, en caso de resultar candidatas en dicha lista, asegurar dentro de otras consideraciones prioritarias la equidad de género en dicho órgano. No empañemos algunos de los cristales, garanticemos la claridad de su vista para que la toma de decisiones en este sector tan estratégico suceda con la mayor experiencia, diversidad y responsabilidad. *Directora de Regulación de Telefónica Movistar.   Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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