Andrés Manuel López Obrador cumple un año como presidente de México y su política energética se resume en un intento titánico por alcanzar la soberanía mediante el fortalecimiento de las empresas del Estado mexicano para que produzcan más hidrocarburos y electricidad, mientras paraliza el crecimiento y competencia de la industria energética.

Vamos a destinar mayor inversión pública para producir con urgencia más petróleo, gas y energía eléctrica y así enfrentar la crisis que dejaron los políticos neoliberales y los responsables de la llamada reforma energética. Llamo a los técnicos y obreros petroleros, en activo o jubilados, para actuar con patriotismo como se hizo en los tiempos del general Lázaro Cárdenas, y a que volvamos a rescatar la industria petrolera nacional”, declaró el político tabasqueño en un discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, el 1 de diciembre de 2018.

Con menos de dos semanas en el poder ejecutivo, sus primeros movimientos fueron cancelar dos rondas petroleras y una subasta eléctrica durante diciembre de 2018, aunque estas actividades sembraron inversiones en el país por 10,000 millones de dólares (mdd) de manera conjunta entre la industria petrolera y eléctrica, y que siguen aumentando.

Mientras detenía una mayor participación privada en este sector estratégico del país, AMLO  planteó los ejes del rescate de Pemex: elevar la producción petrolera actual de 1.6 millones de barriles diarios a 2.4 millones al final de su sexenio, rehabilitar las seis refinerías y construir una más en Dos Bocas, Tabasco. Este proyecto, el más grande del sexenio, tiene una probabilidad de éxito de solo 2%, según el Instituto Mexicano para la Competitividad.

Pero las cifras oficiales entre la producción, exportaciones y refinación de crudo que pretenden lograr al final de 2024 enfrentan un déficit de 250,000 barriles diarios.

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El objetivo presidencial es acabar con la importación de combustibles desde Estados Unidos que hoy representa 60% de la oferta nacional. Sin embargo, existe una dependencia energética aún mayor en materia de gas natural, pues México compra 80% del gas que requiere a su vecino del norte. Con este energético se produce poco más de la mitad de la electricidad nacional. Al respecto, su gobierno espera incrementar la producción derivado del gas asociado a la extracción de crudo de Pemex.

En el caso de la empresa eléctrica, la estrategia se concentró en rehabilitar sus 60 hidroeléctricas y comprar menos electricidad a privados, cerrando la puerta a los instrumentos de la reforma energética.

Para lograrlo, destinó un presupuesto que sumó casi 50,000 mdd a Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) para 2019.

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López Obrador criticó los cambios constitucionales de 2014 hechos por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, que terminaron con el monopolio de Pemex y establecieron un piso parejo en generación eléctrica distinta a la de CFE, con la intención de crear un mercado de electricidad bajo una premisa: la demanda energética no podía ser atendida solo por el Estado.

Durante su campaña presidencial, el político tabasqueño prometió una consulta pública para que los mexicanos decidieran si México continuaba con la reforma o no. Al final, el mandatario desechó esta promesa y dijo que respetaría los contratos, no sin antes revisarlos.

En su primer año al frente del país, el mandatario mexicano también criticó a los reguladores energéticos:  recortó 30% de su presupuesto, instaló comisionados cercanos a su partido y persiguió a quienes lo criticaron públicamente, como ocurrió con Guillermo García Alcocer al frente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que culminó con su renuncia.

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Pemex, sin credibilidad

Bajo la administración de López Obrador, uno de los principales problemas de Pemex ha sido la relación entre sus pasivos y sus planes, pues la petrolera más endeudada del mundo tiene una producción en declive al tiempo que agota sus reservas probadas.

El político mexicano designó al ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza para implementar un plan que estabilice la producción, a través del desarrollo de 20 campos prioritarios mediante  contratos de servicio. Esta estrategia generó más desconfianza entre la comunidad financiera, pues sus niveles de producción esperados no son proporcionales a la restitución de reservas probadas. Además, hasta noviembre de este año, la perforación de pozos e inversiones asociadas enfrentan retrasos.

Es una lucha ideológica. El gobierno sigue diciendo que Pemex está bien, pero la verdad es que los mercados están absolutamente claros en cómo la ven: su calificación va a bajar, solo es una cuestión de cuándo”, comenta el director de la consultora energética IPD Latin America, John Padilla en entrevista.

Entre marzo y junio, las calificadoras S&P y Fitch pusieron contra las cuerdas a la nota creditica de Pemex al degradar su perspectiva y nota, respectivamente, por la falta de credibilidad y viabilidad en sus planes, además de mantener a raya la participación privada, mientras el gobierno reiteraba que respaldará a la compañía cuando sea necesario, incluidos alivios fiscales, además de reducir su deuda de 106,500 a 99,600 mdd durante su primer año.

Para enfrentar sus compromisos de deuda e inversión, Moody’s dijo que este año Pemex necesitaba 20,200 mdd frente a los 13,000 millones que destinó el gobierno morenista a la compañía.

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AMLO tampoco quiere fracking.  En junio, ordenó a Pemex cancelar la perforación de un pozo que requería fractura hidráulica, a pesar de que el plan fue ingresado a la CNH bajo la dirección de Romero Oropeza.  ¿La razón? El excesivo consumo de agua. Lo cierto es que Pemex produce 195,000 barriles diarios con esta técnica, según datos de la CNH.

Las últimas cifras disponibles muestran que Pemex produce menos crudo y más gasolina que hace un año, mientras sus pérdidas, aunque disminuyen, siguen reportándose cada trimestre.

La industria petrolera ha insistido en la reactivación de las rondas y alianzas de Pemex con privaos. Ha detallado los beneficios para el país, pues a México se le escapan 274,000 millones de dólares (mdd) potenciales en ingresos para el Estado e inversiones en territorio mexicano hacia 2040, estimó la industria petrolera privada.

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CFE versus IP

A pesar de los precios récord en generación eléctrica derivados de las subastas eléctricas de hasta 20 dólares por MegaWatt-Hora, el gobierno de AMLO ordenó al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) cancelar la cuarta subasta eléctrica de largo plazo.  La razón detrás de esta decisión fue fortalecer a la compañía estatal y que pueda generar más electricidad, aunque sus costos sean mayores.

En enero de 2019. Su gobierno también ordenó cancelar la licitación de dos redes de transmisión eléctrica para llevar energía solar al sistema eléctrico nacional en el caso del norte, y eólica en el caso del sur hacia el centro del país.

Para fortalecer a CFE, López Obrador encargó esta tarea a un político de la vieja escuela del PRI, y que se alejó de dicha fuerza política en la primera década del siglo XXI para ocupar un lugar en la izquierda mexicana: Manuel Bartlett Díaz.

Su primer choque con la iniciativa privada comenzó en febrero con la renegociación de contratos de gasoductos, calificados como “leoninos” por las desventajas que significaban para CFE, con las empresas constructoras IEnova, TC Energy, Carso Energy y Fermaca, y que concluyeron en agosto con tarifas fijas de transporte de gas y extensiones de contratos.

Luego criticó a las energías limpias, como la solar y eólica, que calificó de caras debido a su intermitencia.

En noviembre, de 2019, el gobierno de AMLO, a través de Sener, cambió las reglas para la emisión de Certificados de Energías Limpias (CELs) con el fin de que CFE no comprara más a firmas privadas, pues significó un gasto de 2,000 millones de pesos (mdp) durante 2018.

“Con los cambios, su precio se reducirá y dejarán de ser negocio. “El principal comprador, que era CFE, ya no saldrá al mercado, ya no habrá demanda, y la oferta estabilizará su precio”, detalló la empresa.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que esta medida ponía en riesgo inversiones por 9,000 millones de dólares, además de arriesgar los compromisos medioambientales hechos por nuestro país.

La respuesta de la industria eléctrica fue una serie de amparos en contra de estos cambios que actualmente enfrentan un proceso legal.

“Los cambios en los CELs es el impacto más grande, muestra la aversión de esta administración a las energías limpias y a la inversión privada”, dijo Paul Alejandro Sánchez, director de la organización Ombudsman Energía México, quien considera que el sector eléctrico vive una parálisis cuyos efectos han sido poco menos que devastadores.

El futuro energético

En una perspectiva de largo plazo, el gran problema que aqueja a México ha sido la falta de continuidad en su política energética, con cambios en la dirección estratégica por las transiciones presidenciales en cada sexenio.

“Este es posiblemente el principal factor que ha impedido un avance sustancial de la industria petrolera en México, en los últimos 20 años”, dijo la calificadora S&P Global en su reporte sobre el plan de negocios de Pemex.

Como presidente electo, López Obrador fijó a la industria petrolera una meta de 280,000 barriles diarios al final de su sexenio antes de considerar más rondas. Hasta octubre, las petroleras privadas produjeron 44,000 y esperan cerrar el año con 50,000 barriles.

El gobierno también ha matizado su discurso frente a la generación eléctriva privada. La titular de Sener, Rocío Nahle reveló en septiembre de este año que probablemente se realizará la cuarta subasta, pero depende de la transmisión eléctrica, pero los procesos de subasta serán regionales.

 

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