Por: Maricela Rodríguez Pereyra*
La compra de un inmueble, ya sea como meta personal o como necesidad familiar, representa en México una de las actividades que se realiza, por lo menos, una vez en la vida.
La falta de conocimiento sobre el tema inmobiliario a menudo hace que los compradores se sientan engañados, aunque no sea el caso. Sin embargo, es cierto que el cierre de una operación representa la oportunidad perfecta para que algunas personas al margen de la ley abusen del patrimonio de los mexicanos.
En ese sentido, quisiera dar un poco más de contexto a partir de los siguientes datos:
- De acuerdo a la PROFECO, los fraudes inmobiliarios se han mantenido entre las 10 principales quejas presentadas ante este organismo
- Poco más de la mitad de los estados cuentan con Ley de Prestación de Servicios en materia Inmobiliaria
- Las redes sociales se han convertido en un medio de promoción de diversos productos, con elementos poco claros que atraen a los consumidores
- Existen más de 80,000 agentes inmobiliarios en el país de acuerdo al INEGI
- Solo 15% se encuentran agremiados a alguna asociación con reconocimiento
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La forma más común de fraude inmobiliario la llevan a cabo personas que no están capacitadas, que no cuentan con una cédula que los acredita como agentes profesionales y que no son rastreables, es decir, no cuentan con oficinas propias, no pertenecen a alguna asociación u operan desde una computadora aprovechando la apertura tecnológica actual. Lo hacen contactando por medios digitales a los clientes con fotos impactantes, precios “de oportunidad” en lugares de alta plusvalía, manifestando en muchos casos que son remates bancarios.
Recientemente acudió a mí una persona compartiéndome una experiencia que tuvo al intentar hacer una operación de compraventa. En términos generales, lo que sucedió es que abonó $400,000 pesos en varias entregas al supuesto asesor para llevar a cabo la operación, pero no solicitó documentos que acreditaran la personalidad para llevarla a cabo; después de varias llamadas le dejaron de contestar al comprador, no pudo localizar a esa persona dado que todas las entrevistas previas habían sido en cafeterías, con el pretexto de hacer las cosas más rápidas.
La falta de certeza jurídica es un elemento común en los fraudes inmobiliarios, esto quiere decir que no acreditan la propiedad, en muchos casos existe duplicidad de título de propiedad o gravámenes que no se comentan.
Eso pasa con los llamados remates bancarios en donde una persona se presenta como apoderado del remate y convence a los posibles clientes de firmar un contrato de venta, incluso logra que le den cantidades en efectivo superiores a lo permitido por la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (LFPIORPI). Cabe mencionar que el monto límite es de $772,165.50 (8,025 UMA).
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Expuesto lo anterior, me permito darte algunas recomendaciones para evitar que algo así te suceda:
- Acércate a un profesional inmobiliario que tenga oficinas –y por tanto sea rastreable– y que se acredite como tal
- Pide que se te proporcione asesoría integral sobre toda la operación, desde el inicio hasta el final, todas tus dudas deben ser respondidas. No olvides que no hay pregunta mala
- Lo recomendable es firmar un contrato de prestación de servicios con el agente inmobiliario
Sin duda, se deben hacer alianzas estratégicas entre las autoridades, así como las asociaciones que albergan a los profesionales inmobiliarios, notarios, valuadores, desarrolladores y el gremio de la construcción. No podemos ignorar esta realidad, ya que todos somos víctimas potenciales.
*Maricela Rodríguez Pereyra es vicepresidenta de comunicación de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI)
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
