Uno de los temas que más molesta a la sociedad mexicana es el tema de la impunidad, que no es otra cosa que las acciones de abuso o delictivas queden sin castigo. Es una de las principales quejas de la ciudadanía y de las que más se habla en noticiarios, mesas de análisis, y sobremesas. Tenemos la tan “llevada y traída” estadística de que aproximadamente el 95% de los delitos en nuestro país quedan impunes, lo que nos deja solamente con 5% con sentencias condenatorias.

En términos muy generales, una forma de explicar la impunidad es a partir de análisis de incentivos y establece que en la medida que sea “barato” delinquir pues habrá más delincuencia que retroalimentará la impunidad. Nos hemos dedicado a legislar para endurecer las penas, pero no a aumentar la probabilidad de que los delincuentes sean castigados. En esta explicación los delincuentes hacen cálculos racionales y delinquen no en función del tamaño de la pena (los años de prisión) sino de la probabilidad de ser castigados. De esta forma, delitos con penas grandes (generalmente delitos graves) pero con baja probabilidad de ser castigados resultan ser más atractivos para delinquir. Esto se refuerza con otras explicaciones respecto a los altos niveles de impunidad que tienen que ver con la capacidad de las instituciones para impartir justicia en forma eficaz.

Algunas de las causas que se esgrimen de esto tienen que ver con la saturación del sistema judicial -aunque pareciera que el ciudadano común no distingue entre poderes- en la que nuestro país tiene 4.4 jueces por 100 mil habitantes, mientras que a nivel regional en América Latina la estadística es de 8.8 jueces por 100 mil habitantes y a nivel global la cifra asciende a los 16.2 jueces también por 100 mil habitantes. Es decir, tenemos la mitad de jueces por 100 mil habitantes que América Latina y casi una cuarta parte del promedio global. Y qué decir de las capacidades investigativas de los ministerios públicos y de su autonomía para emprender acciones penales por su propia iniciativa. Todos hemos visto esa escena en la película J.F.K. en la que un fiscal de distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison, con autonomía decide emprender una investigación tres años después del asesinato del presidente Kennedy al tener acceso a información sobre un posible complot.

En resumen, las explicaciones tienen que ver con leyes, probabilidades, incentivos, capacidad del sistema judicial, autonomía del ministerio público, entre muchas otras. Si bien mejoras en estos temas todas son válidas y necesarias, hay un elemento de corte cultural u ontológico (del ser) al que generalmente le prestamos poca atención y que tiene un gran impacto en los niveles de impunidad que vivimos. En el día a día todos hemos sufrido de comportamientos de terceros que nos afectan y sobre los que no hay nada que hacer pues quien las hace no viola necesariamente una ley y no hay una sanción legal de por medio. Es en estas circunstancias en las que aflora esa forma de ser impune que no hace otra cosa que manifestarse después en nuestros arreglos institucionales o sistema judicial. Si en nuestra forma de ser abrazamos la impunidad necesariamente nuestras instituciones lo van a reflejar. No es que seamos de una forma y nuestras instituciones de otras.

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Recientemente fui a un supermercado y me formé en una “caja rápida” de máximo diez artículos. La persona que estaba antes que yo sacó de su carrito 16 artículos y la cajera le cobró sin decirle nada. Más aún, la persona quiso agregar chocolates ya que había pagado y tuve que esperar a que esa persona escogiera y volviera a pagar. Al final fueron 18 artículos los que compró en una “caja rápida” de sólo 10. La cajera representaba a la autoridad y no hizo nada, la persona en la fila hizo lo que quiso sin respetar la restricción y los demás nos quejamos. Y no había ahí ni gobiernos ni sistema judicial, simplemente formas de ser individuales, en una palabra: cultura. ¿Y qué faltó en este caso que si hubiese estado habría hecho una diferencia? Faltaron varias cosas de todos:

  1. Que el comprador por voluntad propia se condujese como era debido.
  2. Que la cajera negara el cobro al comprador.
  3. Que los que veíamos llamáramos al gerente del autoservicio.

El orden de lo que faltó es clave y revela la importancia de nuestras conductas y comportamientos. Todo empieza individualmente por quien intentó violar la condición de la “caja rápida”, por quien no quiso aplicar la condición y después por los que nos quejamos, pero no llamamos al gerente.

Así que el acceso a tener “allá afuera” un sistema judicial contra la impunidad a prueba de balas requiere que transformemos nuestra forma de ser individual y nuestra cultura ni más ni menos que “acá adentro”.

 

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