Ante la remoción del fiscal Santiago Nieto, aparece de manera pública el concepto de violación al Código de Conducta, que está directamente relacionado con los códigos de ética y los lineamientos para prevenir el conflicto de intereses; no es que no se conozca, pero desafortunadamente, hasta que no se convierte en escándalo público, como es el caso, la sociedad no tiene conciencia de lo que es y lo que implica.

Más allá del tema político, que obviamente tiene el caso por la encarnizada lucha de poder ante las elecciones del próximo año, aparecen como causa mayor, para cesar a un funcionario, sus violaciones al Código de Conducta de la institución. De momento, y por el escándalo político que implicaba por el asunto electoral, nadie lo tomó en cuenta, pero por suerte, conforme pasaron los días, el peso de la ley y el concepto fue haciendo que las cosas se acomodarán para hacer que todo regresara al cause que debiera ser.

Y me explico. El impacto en la percepción pública fue que “separaron de su cargo al fiscal electoral por violar el Código de Conducta”, y lo único que quedó fue “separaron al fiscal electoral”, y toda la cargada política se dejó ir con todo en contra del gobierno. La razón del porqué nadie la vio, analizó ni entendió, ¿sabes por qué fue? primero, porque no estamos acostumbrados a este tipo de conceptos, es nuevo y más en la administración pública; las instituciones están en proceso de hacer sus códigos de conducta y de ética y de crear sus políticas de integridad y aún se están haciendo los ajustes, además, los que la hayan creado y las tengan en uso deben de ajustarse a las políticas del nuevo sistema anticorrupción, lo que significa que el país es nuevo en estos terrenos. ¿Y entonces que pasó?, como tradición, todos los grupos políticos vieron, como siempre y por la coyuntura, la posibilidad de crear escándalo, de usar el tema para hacer drama y tratar de exponer al gobierno de manera pública, una vez más, por el tema de la corrupción, y de sacar raja política extra cuando, además, en el Senado se tenía pendiente la autorización de la Ley de Ingresos. Y así se arma el escándalo.

De manera inmediata, las hienas políticas se lanzan a clamar carroña pública a gritos, viene la fiebre de declaraciones y exposiciones de motivos políticos fuera de razón, pero de pronto, poco a poco, todos se empezaron a dar cuenta de las implicaciones, de las razones reales y de que se habían excedido en sus declaraciones, y se crea un curioso ambiente en donde cualquiera que se mueva primero quedará en ridículo por sus declaraciones anteriores. Y entonces, todos se empiezan a quedar pasmados y empieza la verdadera negociación. La trampa funciona y las denuncias de los abogados de Lozoya son la palanca final que hace que todo se acomode, ya que las denuncias penales, a pesar de que el Senado hubiera reinstalado a Nieto, no se hubieran eliminado por decreto, y a la larga, irremediablemente, hubiera tenido que dejar el puesto para enfrentar el proceso.

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Al final de la semana todo se acomoda solito y el balance es positivo para el gobierno de Peña Nieto, el presidente se sale con la suya: la Ley de Ingresos autorizada, el ex fiscal por su propio pie acepta que no hay condiciones para regresar (una muestra de su gran egoísmo y protagonismo que al final, como típicamente pasa con este tipo de funcionarios, lo convirtieron en una pieza desechable, ante un perverso y gran juego político) y en el fondo acepta también que estaba actuando desde su nombramiento para favorecer a grupos políticos de oposición.

La buena noticia es que los conceptos de integridad, ética pública y la necesidad de respeto a los códigos de conducta y el de actuar adecuadamente ante los conflictos de interés empiezan a ser un tema relevante por parte de los funcionarios públicos y la sociedad mexicana. Los frenos de la ética pública siguen siendo la resistencia al cambio, la falta de conocimiento, el que aún no se han ajustado los procedimientos en las dependencias, y, por supuesto, la ambición política. Este proceso recuerda cuándo se empezó a implementar la transparencia, pero el proceso por suerte ya inició.

Tengo fe (no esperanza, no hay tiempo que esperar, urge que ya sea un hecho) de que poco a poco las leyes anticorrupción van a ir ajustando las actitudes de los políticos y de la misma sociedad para generar el cambio social de actitudes hacia la política, la administración pública y todo en su conjunto a cambiar el país.

Por eso era fue tan importante lo que sucedió en la semana pasada, si en el centro de la futura Fiscalía Anticorrupción no se respeta el Código de Conducta de la institución y se toman decisiones políticas sobre la actuación incorrecta de los funcionarios, se hubiera vulnerado y enterrado por completo el sistema anticorrupción, pocos se dieron cuenta de este riesgo que se estaba jugando, por suerte, salimos bien de esta primera prueba.

Sé que peco de un romanticismo extremo, pero yo soy de los que sí tengo confianza en México, nosotros como individuos y con vías de convertirnos en una sociedad justa y con un actuar ético, como lo es el humano en su esencia.

Un ejemplo muy preocupante de toda esta situación es el hecho de que el lunes pasado, en entrevista con Oscar Mario Beteta, el senador Javier Lozano se refirió muy despectivamente al hecho de la remoción del fiscal electoral por motivos del no cumplimiento del Código de Conducta, argumentando que más bien se debió haber hecho por el no cumplimiento de la Ley. Para efectos prácticos es exactamente lo mismo, el Código de Conducta es una normatividad de interna de la PGR, está publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de marzo del 2016, y es de observancia obligatoria para el funcionario público y con consecuencias graves ante su violación. Lo preocupante es la banalidad con la que el senador se expresó sobre el tema, sobre todo porque los Códigos de Ética y de Conducta son parte medular del Sistema Nacional Anticorrupción, y que un senador de la República se exprese de esta manera, pone de manifiesto el problema cultural de nuestros políticos, de los cuales él se queja amargamente, pero con estos comentarios sigue siendo uno de ellos y pone en riesgo la naturaleza del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo triste es que es abogado de profesión y con intenciones de ser gobernador de Puebla.

Le recomiendo a él y a cualquier persona que tenga interés, en esta liga pueden consultar el Código de Conducta de la PGR, es público.

 

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