- Atender las causas estructurales que generan violencias y delitos, y que van desde los aspectos relacionados con el modelo de desarrollo económico, pasando por educación y un sistema social y cultura que tienden a naturalizar las violencias, la cultura de la no denuncia, la discriminación y la violación a los derechos humanos;
- Desarrollar las capacidades institucionales para operar un sistema nacional de seguridad pública y justicia, en el que el ejecutivo federal, las 32 entidades y los 2 mil 457 municipios asuman con absoluta responsabilidad y compromiso sentar las bases mínimas para contar con la capacidad policial, la infraestructura, los procedimientos, los protocolos y la información social y delictiva que permita la atención y prevención de los delitos; y
- Evolucionar en la construcción de una ciudadanía informada, participativa, responsable y corresponsable en la construcción de convivencia, orden, seguridad, justicia y paz.
La seguridad pública: una gran deuda nacional
A la ciudadanía nos embarga un total y absoluto estado de desesperación, desánimo, miedo y, en algunas comunidades, hasta terror por la gran incapacidad que tienen los gobiernos.
Por Angélica Garnica*
Hoy como nunca “hablar” de seguridad, así a secas, nos exige “hablar” claro y fuerte de su naturaleza, su complejidad, su construcción, sus procesos, sus actores, sus sistemas y sus instituciones, y, así, sólo así, podemos estar en condiciones a dar respuestas integrales, transversales y oportunas al principal problema que vivimos las y los mexicanos: la inseguridad.
El gran reto del gobierno federal, las entidades y los municipios, a lo largo y ancho del país, es cumplir con una de las más altas y grandes aspiraciones de nuestra constitución:
Hacer que la seguridad pública sea de carácter civil y se rija por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
En el 2018, a la ciudadanía nos embarga un total y absoluto estado de desesperación, desánimo, miedo y, en algunas comunidades, hasta terror por la gran incapacidad que tienen los gobiernos y las instituciones de seguridad pública para establecer condiciones de convivencia, orden, justicia, seguridad y paz para su vida y la de su familia.
Los retos en el quehacer en materia de seguridad pública para los tres órdenes de gobierno y para la ciudadanía nos obligan a tener en el centro de la reflexión y la acción pública tres aspectos estratégicos: