Para conseguir la máxima inclusión financiera es necesario entender qué factores excluyen a los ciudadanos del sector y los lleva a la informalidad.

En México, la escasa infraestructura financiera — es decir, escasez de sucursales o cajeros automáticos, entre otros — y el gran poder de mercado que tienen los bancos, son dos de los detonantes del bajo nivel de personas con algún producto financiero, como cuentas de ahorro y tarjetas de crédito.

Así lo apunta el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el informe ¿Qué funciona y qué no en la inclusión financiera?, publicado este martes.

 

Baja protección al consumidor

Los bancos mexicanos son los que tienen más poder de mercado del mundo, según datos del Banco Mundial de 2015, por encima de Venezuela y Costa Rica.

Esto, “puede ser un factor relevante que inhiba la inclusión financiera, a través de mayores precios y baja calidad de los servicios financieros”, afirma el Coneval.

La relación entre el poder de mercado y la protección al usuario está en el nivel de competencia, pues si esta es efectiva, existe una mejor oferta de productos a menores precios para los consumidores finales, además de más innovación.

En 2013, más del 70% de créditos, captación de recursos, sucursales y cajeros automáticos se concentraban en cinco instituciones financieras, según datos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El Coneval destaca la labor de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en este sentido, pues entre 2009 y 2017, las acciones aumentaron en un 57% (de 123 a 194, respectivamente).

Equipo de AMLO impulsará inclusión financiera con bancos y ‘tienditas’

Poca accesibilidad

Cinco entidades concentraban la gran mayoría de puntos de acceso de los usuarios al sistema financiero formal y, en total, estos están 13 puntos por debajo de la media de la OCDE (14.1 por cada 100,000 adultos en México y 27.1 por cada 100,000 adultos en promedio de la organización).

“La falta de sucursales puede inhibir el acceso a servicios financieros de dos formas. Por un lado, la saturación de las sucursales puede desincentivar a las personas a acudir a ellas, por el costo que implica el tiempo empleado en largas filas”, afirma el Coneval.

“Por otro lado, el déficit de sucursales bancarias incrementa la distancia y costo promedio en que los usuarios tienen que incurrir para acudir a ellas prefiriendo, quizá, no utilizarlas”, añade.

En las zonas rurales es donde más se nota la ausencia de infraestructura financiera. Si en estas regiones 4 de cada 10 personas tardan 30 minutos en llegar a una sucursal bancaria, en ciudades, casi la mitad de ellas demora este tiempo. En cuanto a coste, 5.8% de las personas que habitan en zonas urbanas gastan más de 50 pesos para trasladarse a una sucursal; en el campo, 37.9%.

La baja disponibilidad de puntos de contacto con bancos se podría sustituir por el uso de tecnologías de la información. Eso requeriría mejorar la conectividad de las zonas más rurales, Chiapas y Oaxaca, con mayor penetración de banda ancha fija y móvil.

Junto con estos dos factores, el Coneval apunta a dos más: el nivel de educación financiera y las barreras requisitorias, es decir, las condiciones “desproporcionadas o inalcanzables” que piden algunos bancos para prestar algún servicio financiero.

En México hay 25.1 millones de personas sin ningún producto financiero, aproximadamente el equivalente a toda la población de Corea del Norte. Esto representa el 32% de la población adulta en México, según la Encuesta de Inclusión Financiera 2018 del Inegi. El número de participantes en el mercado financiero mexicano llevó al Gobierno de Peña Nieto a establecer la inclusión financiera como una prioridad. Para ello, creó el Consejo Nacional de Inclusión Financiera. También puedes leer:
Tus hijos podrían vivir toda su vida sin pasar por el banco

 

Siguientes artículos

AMLO y Trump pactan inyectar 37,000 mdd en Centroamérica y sur de México
Por

Estados Unidos accedió a destinar 5,800 mdd a Centroamérica y 4,800 mdd en México para impulsar el desarrollo.