La seguridad de la información dejó de ser un asunto privado o de unos cuantos, para convertirse en un tema de seguridad nacional. ¿Cómo tener un plan? 

 

Por Alberto García Álvarez

Cada día somos testigos de nuevas amenazas y ataques que buscan dañar la infraestructura crítica de un país o robar información de organizaciones del sector público y privado. En febrero de este año, por ejemplo, 50% de los ataques dirigidos tuvieron como blanco firmas de la industria financiera y manufacturera. En el caso de México, entre diciembre del 2012 y enero del 2015, la Policía Federal recibió 30,000 reportes sobre delitos cibernéticos, de ellos, 53% fueron contra dependencias de gobierno, 26% afectaron al ámbito académico y 21% estaban dirigidos a empresas del sector privado. Esto es sólo una parte de la historia, ya que, a diferencia de otros países, en el nuestro las empresas no están obligadas a realizar notificaciones o denuncias formales sobre los incidentes que sufren. Sin embargo, frente a este panorama podemos afirmar que prácticamente nadie está a salvo de sufrir un ataque, pues siempre habrá un tercero interesado en nuestra información, la de nuestros clientes, empleados, secretos industriales, patentes o en generar algún daño.

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El tema de ciberseguridad está cada vez más presente en las agendas públicas y privadas. De hecho, en el Foro Económico Mundial realizado en Davos este año, líderes de negocios y gobiernos resaltaron el crecimiento de las amenazas, los ataques cibernéticos, y discutieron su posible impacto. Además, recordemos que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció hace unas semanas que destinaría 14,000 millones de dólares a reducir los riesgos cibernéticos, combatir al cibercrimen y proteger las redes privadas y federales de los hackers.

Si miramos hacia América Latina, pocas veces se revelan las inversiones realizadas en este rubro, pero sabemos que hay gobiernos muy avanzados en materia de ciberseguridad, y otros que apenas están entrando al juego. Sea cual sea el caso, desde nuestra perspectiva, los gobiernos necesitan estar activos y al tanto de las amenazas cibernéticas y del modo de operación de los cibercriminales, pues los ataques continuarán y la idea de “a mí no me va a pasar” puede ser bastante riesgosa. Como dijo recientemente un funcionario de la FBI: “Van a ser atacados, tengan un plan”, así que más vale hacerle caso.

En este sentido, hay dos áreas en que el sector público debe tener un papel fundamental:

Primera. En los esfuerzos para incrementar el conocimiento sobre las amenazas, cuáles son, cómo operan, cómo combatirlas.

Segunda. En modernizar las regulaciones para aplicar la ley y mejorar la capacidad de las fuerzas policiales para lidiar con los cibercriminales. Combatir los delitos informáticos requiere de personal especializado y de tecnología, pues es un fenómeno que impacta todas las dimensiones de nuestra sociedad. Un incidente de seguridad puede poner en riesgo a una nación, una empresa, una familia, a un individuo, incluso traspasar la frontera de lo virtual y llegar al plano físico.

Todo esto nos permite afirmar que la ciberseguridad dejó de ser un asunto privado, o de unos cuantos, para convertirse en un tema de seguridad nacional que requiere mayor colaboración entre empresas, gobiernos y sociedad civil, además de inversión y apoyo en recursos que permitan gestar una cultura de seguridad y generar la confianza necesaria para aprovechar la tecnología a favor de la innovación y el crecimiento económico. Estados Unidos y otros países ya entendieron la dimensión de este desafío; ahora, el mundo entero debería interiorizar el significado de lo que ello significa.

 

Alberto García Álvarez es director general de Symantec en México, y junto con su equipo ayudan diariamente a los usuarios, las empresas y los gobiernos a proteger y administrar su activo más valioso: la información.

 

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