“Cuando triunfe nuestro movimiento no va a haber huachicol: ni abajo, ni arriba; nadie va a tener necesidad de robar; nadie va a ordeñar ductos porque van a tener trabajo, buenos salarios”, prometió el 6 de abril de 2018 el todavía candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador.
A cinco años de distancia, el robo de combustibles e hidrocarburos con cargo a las finanzas públicas sigue siendo un fenómeno latente y, aunque se avanzó sustancialmente, de acuerdo con la información oficial, ni por asomo se ve la posibilidad de que acaben con ese lastre.
El accidente ocurrido el 18 de enero de 2019 en el ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron más de 100 personas que estaban robando combustible de una toma clandestina de gasolina, reveló que el “huachicoleo” es un problema estructural que, aunque no lo acepten, inició el interior de la paraestatal, porque difícilmente un ciudadano de a pie puede pinchar un ducto si no sabe qué traslada y en qué momento están bombeando el energético.
De acuerdo con Pemex, el robo promedio de combustible en 2018, previo a la administración actual, era de 56 mil barriles diarios (mbd), mientras que en 2019 esta cifra se redujo significativamente a un promedio de 5 mbd.
“Como resultado de la estrategia conjunta entre Pemex y el Gobierno Federal, al 31 de diciembre de 2019, el volumen robado de combustible disminuyó en un 91% con respecto al promedio registrado en 2018. (…) en 2018 las pérdidas no operativas ascendieron a 39.4 mil millones y en 2019 registraron 4.6 mil millones, es decir, se redujeron en 34.8 millones de pesos un 88%”, estableció el Reporte de resultados no dictaminados de Pemex correspondiente al último trimestre de 2019.
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En los años subsecuentes Pemex reportó una disminución en el robo de combustibles. En el último trimestre de 2020 registtó un robo estimado de 4.8 mbd; mientras que en el mismo periodo de 2021 esta cifra disminuyó a 3.6 Mbd, con estos datos parecía que la batalla contra el huachicol iba por buen camino, no obstante en el último trimestre de 2022, el volumen robado de combustible promedió 6.1 mbd.
En esa misma línea, el robo de gas licuado de petróleo (LP) en los ductos de Pemex el año pasado ascendió a 113 mil 70 litros, lo que equivale a un incremento de 126.14% comparado con 2021.
En lo que va de 2023, el robo de combustible a los ductos de Pemex se mantiene en 5.2 mbd que equivale a 5.7 mil millones de pesos. López Obrador reconoció en días pasados que en Puebla e Hidalgo no se ha podido bajar la incidencia de este delito, mientras que la información de Pemex muestra que el hurto de este combustible se concentra en los estados de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Por este tipo de delitos se realizaron 851 denuncias en 2022 y en Hidalgo fue donde se levantaron más querellas, mientras un año atrás se fueron 1,369 casos por los que se levantaron actas formales, los cuales pueden incluir más de una toma clandestina.
El combustible robado termina siendo revendido y representa un constante riesgo para la seguridad para vendedores y compradores. Hay quienes aseguran que las cifras están siendo falseadas por las autoridades federales; es complejo comprobarlo, pero lo que es un hecho es que todos los delitos se deben combatir y el robo de combustibles sigue siendo una asignatura pendiente.
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