Por Andreas Knobloch

DW.- México vive un momento histórico, anunció el líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia en el Día del Trabajador frente a miles de correligionarios en el Zócalo, corazón de Ciudad de México.

El país se encuentra en un momento en el que «juntos estamos transformando y cambiando la situación económica, política y social; luchando por una mayor prosperidad para los trabajadores y un futuro mejor para todos, para poner fin a la desigualdad y la corrupción que tanto han perjudicado a México», añadió el también senador por el gobernante partido Morena.

Con la reforma del mercado laboral recién aprobada en el Parlamento, México está avanzando en los derechos laborales, aunque no resuelva satisfactoriamente «todas las aspiraciones de los trabajadores», concluyó Gómez Urrutia.

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La reforma del mercado laboral fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso a principios de esta semana. Para ello se modificaron varias disposiciones de la legislación laboral y otras cuatro leyes. El 1 de mayo se publicaron los cambios en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor.

La reforma fortalece el papel de los representantes de los trabajadores, crea un nuevo sistema de derecho laboral, democracia sindical y un compromiso con la transparencia de los convenios colectivos. Los trabajadores podrán elegir libremente desde ahora si quieren pertenecer a un sindicato y, en caso afirmativo, a cuál.

Además, la reforma incluye puntos como la abolición de los órganos de conciliación y la creación, en su lugar, de tribunales laborales en el poder judicial, o como el voto libre, secreto y directo en la elección de los dirigentes sindicales.

En el Zócalo, los representantes sindicales señalaron que cuestiones importantes como la subcontratación, que había sido impulsada por el predecesor gobierno neoliberal, no han sido abordadas por la nueva legislación laboral.

Por su parte, el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, expresó su satisfacción por la reforma y prometió que su gobierno respetaría la autonomía sindical y evitaría el clientelismo.

Requisito previo para el T-MEC

La adopción de la reforma del mercado laboral es un requisito indispensable para la ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), que sustituye por exigencia decisiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Aunque el T-MEC fue firmado antes de la toma de posesión, el 1 de diciembre pasado, de López Obrador por su predecesor en el cargo, Enrique Peña Nieto, y los presidentes de Estados Unidos y Canadá, el acuerdo aún debe ser ratificado por el Congreso estadounidense. Este no debería mostrar inconveniente en hacerlo tras la reforma del mercado laboral mexicano.

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Durante los meses de negociación del nuevo tratado, uno de los temas centrales fue el aumento salarial en la industria automotriz mexicana. El gobierno de Estados Unidos sostenía que los bajos salarios le dan a la economía mexicana una ventaja competitiva artificial.

En el acuerdo negociado, México se compromete a garantizar unas condiciones de trabajo «aceptables», la libertad de asociación y el «reconocimiento efectivo» de la negociación colectiva. Irónicamente, no fueron los sindicatos mexicanos, sino el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien presionó a México para que aumentara los salarios, aunque fuera por razones proteccionistas.

En comparación con el Tratado de Libre Comercio de 1994, se fortalece el papel de los representantes de los trabajadores mexicanos. Sin embargo, seis de cada diez de ellos están empleados en el sector informal.

Las opiniones sobre la reforma del mercado laboral en México están divididas. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo en el Congreso que la reforma del mercado laboral «no es un buen regalo para los trabajadores del país» y sirve al único propósito de implementar los dictados de Estados Unidos y del T-MEC.

El exprocurador fiscal de la federación, Gabriel Reyes, también ve la reforma como una «manzana envenenada» de Washington: «Creo que está muy bien diseñado desde los Estados Unidos para que tengamos pronto centrales sindicales trinacionales».

Esto impondrá condiciones en principio «aparentemente» positivas, pero que «van a ser inviables a las medianas y pequeñas empresas y van a ser absorbidas por los grandes consorcios». En resumen, según Reyes, la reforma laboral va a suponer que pierdan peso los sindicatos mexicanos y «la industria mexicana, el comercio mexicano, van a sufrir un embate que los va a volver inviables, y que va a hacer que la industria extranjera continúe y complete el proceso que inició desde 1994, con el Tratado de Libre Comercio, para apoderarse de las empresas de este país».

Alfredo Figueroa, sociólogo y ex asesor de la autoridad electoral, en cambio, ha calificado la nueva legislación como «uno de los ejes esenciales de la construcción democrática del país».

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