Mucho se ha hablado recientemente sobre el posible cambio en la política de drogas. Pasar de la prohibición a la regulación de repente ya no suena tan descabellado. La realidad es que esta pugna de ideas y la discusión subyacente llevan muchos años en el radar de opiniones, pero hasta hace poco parecen haberse dado las circunstancias y coyunturas para que el aparente dilema encuentre mejor recepción entre la clase política y la población en general. Vale la pena hacer un recuento de lo sucedido en el devenir histórico del tema para entender mejor hacia dónde vamos.

La política prohibicionista de drogas no siempre fue la misma, aunque nos parezca que ha sido permanente y eterna. De hecho, en la historia mundial, es tan solo durante un corto periodo donde damos cuenta de este fenómeno enfocado en tratar de regular el consumo de substancias a través de su prohibición. Empezó en 1912 con el primer ensayo de prohibir el opio en China, luego vino el capítulo de la prohibición del alcohol en la década de los 20 y su fin en 1933 en EU. No obstante, de manera gradual, las políticas prohibicionistas entrevieron una expansión considerable (en México incluso pasando por encima de la reglamentación sanitaria propuesta por Lázaro Cárdenas en febrero de 1940, suspendida en agosto de ese mismo año por la presión coercitiva de Estados Unidos).

El gran auge proteccionista se dio con motivo de la campaña de reelección de Nixon a principios de los años setenta, en ese tiempo, se ideó como estrategia para opacar el enorme impacto negativo generado por el pésimo manejo y los resultados socialmente poco favorables de la guerra en Vietnam. Nixon ganó, y aunque tuvo que renunciar a los pocos años por su irresponsable incursión en cuestiones de espionaje y un constante discurso de mentiras, su legado prohibicionista se convirtió en política pública permanente, esto con apoyo principalmente de las administraciones republicanas. El entramado internacional se robusteció con varias convenciones de la ONU que generaron la base de lo que a la fecha conocemos como el sustento institucional multinacional prohibicionista.

El problema es que todo esto ha generado un desastre total. Las premisas básicas de la prohibición anteriormente pensadas para controlar o eliminar la oferta, y así reducir o impactar la demanda, simplemente no se han cumplido por la simple razón de que el consumo es inelástico ante la prohibición. En su lugar, lo que se propició fue dar luz verde a un mercado ilegal dirigido a dar satisfacción a la insaciable demanda, encontrada particularmente en los Estados Unidos, con el consecuente incentivo económico de propalar el negocio, enfrentar a las autoridades, y promover corrupción para limitar el embate contra las operaciones delictivas. Aunado a lo anterior, agreguemos la ofensiva militar lanzada en muchos países, particularmente en México a partir de 2007 hasta la fecha, y los resultados simplemente apabullantes en materia de homicidios, desplazados, desaparecidos, lesionados, etc. A esas consecuencias, las autoridades han decidido designarlas como “daños colaterales”, como si se tratare de cuestiones accidentales e incidentales.

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Pero la bola de nieve se hizo ya de tal magnitud, que resulta imposible, aún para los más necios funcionarios y grandes detractores del cambio, ocultar su verdadero impacto. Lo que vemos hoy es la creciente y ardiente responsabilidad de los encargados de ejecución y soporte de una política pública absolutamente inviable, inoperante, contraproducente, ilógica, absurda y contradictoria. Así llegamos a esta época en la cual, finalmente se respiran vientos de cambio.

Y es que, tanto a nivel internacional como nacional, se han acumulado muchísimas voces, estudios y propuestas para hacer notar la insostenibilidad en la necia y estúpida decisión de mantener vigente una política que no genera ningún beneficio, y diariamente acumula más y más daños de dimensiones descomunales. Se derrumba el castillo de naipes, y con ello, se desnudan a quienes, a pesar de conocer la información de las verdaderas implicaciones y costos, se han empecinado en ocultarla para que el electorado no reaccione ni actúe al saber lo que realmente ha sucedido. Admitir el error implica algo inmanejable para los servidores públicos, quienes no están dispuestos a hacerlo a pesar de saber que van manejando un vehículo con dirección al barranco, y en lugar de virar siguen de frente con el acelerador a fondo.

Afortunadamente con el estudio permanente de muchas instituciones, el cúmulo de información de décadas, el atrevimiento de muchas personas a publicar datos reales, y el uso permanente de redes sociales, se ha logrado finalmente romper la inercia; ahora se conoce la realidad de las cosas. La prohibición no sirve, un problema de salud pública no se puede manejar con punibilidad privativa de la libertad. La labor del estado en materia penal es de protección a la ciudadanía de crímenes predatorios (homicidio, secuestro, violación, extorsión, trata, robo, etc.) más no de persecución por actividades de deterioro personal (consumo de tabaco, alcohol o estupefacientes); el sistema policiaco y de impartición de justicia requieren encaminarse en los delitos predatorios. La apuesta institucional en materia de estupefacientes debe ser para apoyar la prevención y el tratamiento con el apoyo del sistema y conocimientos médicos; la información sobre todos los daños y consecuencias en el uso de drogas debe promoverse para privilegiar la toma de razón, incitar a mejores conductas por parte de los ciudadanos con un enfoque de derechos humanos; la forma de vencer a la delincuencia organizada debe ser mediante la eliminación de los factores económicos que hoy les otorgan un enorme monopolio en materia de producción, distribución y venta de enervantes, derivado, justamente, por los estragos de la política prohibicionista, misma que ha facilitado el debilitamiento de toda su estructura financiera, asunto que hoy les ha permitido diversificar sus actividades para lesionar aún más a la ciudadanía y retar con mayor contundencia a las autoridades.

Así es como diferentes organizaciones, entre ellas México Unido Contra la Delincuencia, hemos estado divulgando datos duros e información para demostrar que el prohibicionismo no sirve, y con ello, vemos con muy buenos ojos el alcance de nuestros esfuerzos, que, en conjunto, no hayan sido en vano y permitan respirar un oxígeno nuevo en la palestra política. Varios de los funcionarios de la nueva administración como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo se han pronunciado abiertamente por habilitar medidas que apuntan a la regulación de las drogas, con el fin de no considerar a la prohibición como el mecanismo de ataque a las organizaciones delictivas, y privilegiar los derechos individuales, para acceder a un mayor énfasis preventivo.

Nuestro mensaje a todos los que están por tomar las riendas del país es no improvisen. Existe muchísima información, estudios, datos y reportes hechos durante décadas que explican por qué la prohibición no funciona y cuáles son los elementos e ingredientes de una política pública regulatoria y preventiva. Aquí no hay deseos de protagonismo, derechos de autor o incidencia mediática, lo único que se está pidiendo es que tengamos un diálogo abierto, referencias de las mejores prácticas internacionales, y la detención en el uso de herramientas vigentes sin mérito alguno, y que están ahí por la simple y sencilla razón de que las autoridades han sido irresponsables en su correcta aplicación, caracterizándose por la hipocresía, la simulación, la incompetencia y la mezquindad.

Pero lo bueno es que estamos ya en la cúspide del punto de no retorno, porque el país no aguanta más impactos en violencia e impunidad. Estamos rebasados, y no hay tiempo de espera posible para ir por el cambio necesario. Ante el cúmulo de razones, argumentos y datos duros, nos atrevemos a decir que el paso a la regulación de estupefacientes, y el fin de la prohibición es inaplazable, constituye un tren que ya no lo para nadie.

 

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Twitter: @JuanFTorresLand

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