El Senado español autorizó una reforma a la Ley General de Protección de Datos y a la Ley Orgánica del Régimen General Electoral que autoriza a los partidos políticos recopilar la información de sitios web y redes sociales con el fin de hacerles llegar propaganda electoral de una manera mucho más precisa y oportuna.

En esencia, las modificaciones a la ley, particularmente el Artículo 58 Bis, vuelven legales acciones que fueron tan criticadas en el caso de Cambridge Analytica, ya que la idea es que, a través de la recolección de la huella digital de los usuarios, se puedan crear campañas publicitarias segmentadas, todo ello sin la autorización de los usuarios.

El marketing digital tiene como principio la identificación y segmentación de mercados. Entre más información se pueda obtener sobre un usuario, se pueden diseñar mensajes más efectivos en tiempo y forma, ya que están construidos para un público específico, con base en sus hábitos de navegación, visitas a sitios y actividad en redes sociales.

Además, dichos mensajes se despliegan en la páginas, redes y dispositivos que más utilizan los segmentos escogidos, con un lenguaje, imágenes, formas e iconografía cercana y entendible.

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Así, los políticos españoles podrán enviar campañas electorales, noticias y demás información que consideren pertinente a través de redes sociales, mensajeros como WhatsApp o motores de búsqueda, todo de manera legal, aunque sin que necesariamente los usuarios de dichas plataformas den su autorización expresa.

Si bien, se garantiza que los usuarios tienen derechos de oposición y rectificación, ello no implica que queden exentos de que se recopilen sus datos en primera instancia, ya que los partidos no necesitarán autorización para hacerlo.

Ante tal situación, medios y analistas españoles comentan que tal medida puede llevar a manejos no éticos de la información. Por ejemplo:

  • Segmentación ideológica. Al tener acceso a todos los datos de navegación, también se pueden obtener las posturas ideológicas de los usuarios e incluso, los sentimientos que se tienen por cada partido o candidato. Ello podría crear patrones de segmentación ideológica, donde se podrá definir de manera muy clara quiénes apoyan o están en contra de una propuesta política y por tanto, qué tipo de información enviar.
  • Acceso de terceros. La reforma autoriza a los partidos políticos a contratar servicios publicitarios digitales, lo que implica que compañías tendrán acceso a datos de segmentación (nombre, hábitos de navegación, geolocalización, etcétera), para hacer más efectivas sus campañas; no obstante, si no existe un tratamiento adecuado de la información, puede prestarse a malas prácticas.
  • Imposición de tendencias de información. Al tener datos de segmentación ideológica, se pueden crear burbujas de información a través de los algoritmos de distribución de contenidos, un recurso frecuentemente usado por las fake news. Además, al ser las plataformas de autoservicio, cualquier tercero que tenga acceso a los datos de segmentación podría crear (con los recursos financieros adecuados), flujos de noticias falseadas a favor o en contra de un partido o candidato casi de manera anónima.

Las reformas a las leyes de protección de datos y electoral podrían legalizar una práctica bastante cuestionable respecto del uso político de las redes sociales, además va en sentido opuesto de la tendencia de los gobiernos de todo el mundo que buscan transparentar tanto los recursos, como las prácticas de los medios digitales. La experiencia de España es muy importante, puesto que sienta un precedente negativo en la regulación de la comunicación política y el manejo de datos personales en el contexto de un mundo que se debate entre la libertad de expresión y la coacción política digital.

 

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