Ningún incentivo gubernamental, semana del emprendedor o evento startupero en la Condesa tendrá el efecto que un Estado de derecho funcional tendría en la innovación.

 

Según el último dato disponible del Banco Mundial, en México se invirtió el 0.43% del PIB en investigación y desarrollo en 2011. Es un número extraordinariamente bajo comparado, incluso, con países de nivel de ingreso per cápita similar y en la misma región. Ni hablar de los países desarrollados. Estados Unidos, por ejemplo, invierte el 2.79% del PIB, 6.5 veces más. Israel, 3.93%, más de 8 veces que México.

El gobierno mexicano ofrece diversos programas para fomentar la innovación en diversos ámbitos. Hay programas de la Secretaría de Economía (Prosoft) y del Conacyt; además, en varios estados de la República hay programas locales. Estos esfuerzos no son nuevos, tienen más de una década. Sin embargo, la investigación y el desarrollo en México no despegan. ¿A qué se deberá que, incluso si nos comparamos con Brasil, en México se invierta mucho menos?

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Mi opinión es esta: mientras el Estado mexicano no ofrezca una plataforma institucional sólida en aspectos básicos como imperio de la ley, Estado de derecho y seguridad, no habrá programa alguno –por millonario que sea– que resuelva nuestro problema de innovación.

Mucho se habla de la corrupción y los costos que genera. Hay quien dice que es “cultural” y que “en todo el mundo sucede”, para que así nos quedemos tranquilos de que es un problema que no es tan grave. Pensemos en lo siguiente: ¿cómo es más probable que una persona haga dinero –incluso una fortuna– en México?, ¿como emprendedor?, ¿como investigador? o ¿como servidor público o amigo “empresario” de éste?

La triste realidad es que todos los días vemos en los periódicos y en los medios casos de corrupción en que funcionarios públicos hacen verdaderas fortunas de un día para otro abusando de su posición. Los casos están por todos lados. En la amplísima mayoría de éstos, no hay ninguna consecuencia para los involucrados. La impunidad es casi total. Pueden disfrutar de todo ese dinero abiertamente. Son reconocidos como “exitosos” en nuestra sociedad. Admirados como “buenos para hacer dinero” o “inteligentes”. En muchos otros países serían criminales.

¿Cuál es el camino lógico a elegir para un joven ambicioso en nuestro país? El emprendimiento o la investigación siempre tienen un riesgo significativo. Las cosas pueden salir mal. Más aún cuando apenas se está iniciando. En México, la opción lógica es la participación en el aparato de corrupción. ¿Para qué sufrir? Sólo una fuerte estructura personal de valores puede llevar a nuestro hipotético joven por un camino diferente. Y aun así se enfrentará durante toda su carrera a observar cómo otros que eligieron la corrupción, seguramente tendrán más éxito.

En Silicon Valley, aquel vecino admirado (o envidiado), es un emprendedor que tuvo éxito (seguramente después de algunos intentos fallidos) y que logró crear verdadero valor. O quizá el inventor que patentó alguna idea que ahora se utiliza en todo el mundo. En México, ese vecino seguramente es político, servidor público o “empresario” comparsa de los anteriores. Esos son para los jóvenes de hoy nuestros ejemplos de éxito.

Además, todo esto contribuye, no sin razón, a un ambiente donde, sin distinción, se asume que quien tiene dinero en México lo obtuvo por vías inmorales. Otro desincentivo más.

En ciertas áreas del país es aún más grave. El que acumula dinero tiene sólo dos opciones: no utilizarlo o exponerse a ser secuestrado o extorsionado. En esas zonas de nuestro país, el Estado falla en una de sus funciones más básicas, que es la protección a los derechos de propiedad.

En mi opinión, si queremos resolver el problema de falta de innovación en México sería más productivo trabajar todos los días para resolver y exigir un Estado de derecho que brinde un panorama justo a los ciudadanos que trabajan, y castigue a quienes hacen dinero robándolo, ya sea con una pluma o con una pistola. Ningún incentivo gubernamental, semana del emprendedor o evento startupero en la Condesa se asemejará al efecto que un Estado de derecho funcional tendría para la innovación en México. Yo creo que sí se puede. Otros países lo han logrado, y “no es igual en todos lados”. Que México pueda ser un día país de leyes, ésa es una ilusión que sí nos deberíamos de creer todos. Si no, mejor vámonos. Yo no quiero irme. ¿Y tú?

 

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