La industria del Gas Licuado de Petróleo (LP), donde participan empresarios privados mexicanos, padece de robos de combustible, transportes y empresas ‘fantasma’, comercialización ilegal y competencia desleal, lo que indica que no basta abrir la cadena de la energía al sector privado para que todo funcione como “relojito”.

 

 

La industria del Gas Licuado de Petróleo (LP), con un modelo de distribución y comercialización en el que participan empresarios privados mexicanos, es una rama del sector energético abrumada por robos del combustible, transportes y empresas fantasmas, comercialización ilegal, competencia desleal, entre otros fenómenos que pueden servir como ejemplo de que no basta abrir la cadena de la energía al privado para que todo funcione como “relojito”.

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Cuando al interior del Congreso se estudia la propuesta de reforma energética del gobierno federal, que busca cambios constitucionales a los artículos 27 y 28  para permitir la participación de la inversión privada en la exploración y producción de hidrocarburos bajo el esquema de contratos de utilidad compartida, las empresas de la industria del Gas LP en el país se debaten en un terreno de falta de seguridad y vigilancia, donde existen normativas incompletas, que no se respetan o con lagunas.

Atrás de Ecuador, Arabia Saudita e Irak, nuestro país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en consumo de gas LP por vivienda,  y es el segundo consumidor per cápita en el sector doméstico con 65 kilogramos por persona, superado sólo por Ecuador. En un entorno nacional donde todavía 28 millones de mexicanos siguen usando leña como combustible, el consumo de gas LP -como una opción energética más limpia y de protección al ambiente-, abarca el 80 por ciento del mercado para usuarios domésticos.

Según cifras de la Asociación de Distribuidores de Gas LP del Interior (Adigas),  que encabeza Víctor Figueroa, esta industria  genera 125,000 empleos directos y 315,000 indirectos. En la Prospectiva 2012-2016 de la Secretaría de Energía (Sener), se estima un volumen de venta anual por concepto de gas LP de más de 81,000 millones de pesos y una comercialización anual de 8.1 millones de kilogramos.

Los 62 socios activos integrados en la Adigas, que cuentan con 398 estaciones de carburación y 112 plantas de almacenamiento distribuidas en 25 estados de la República Mexicana, pedían que se les tomara en cuenta en la propuesta de reforma energética, lo que no ocurrió porque, de acuerdo a la Sener, este ramo ya está abierto a la empresa privada y será en la discusión de las reformas secundarias cuando se aborden los aspectos necesarios para fortalecer a esta industria.

Uno de los problemas más graves de este ramo de la industria de los energéticos es el mercado ilegal que nace por el robo de combustible de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante tomas clandestinas en los gasoductos, cuyo número crece año con año.

Las denuncias de los organismos representantes de la industria del gas LP señalan que son bandas organizadas las que sustraen el combustible  y utilizan para su transporte y distribución auto tanques con razones sociales inexistentes, y pintan las unidades con logotipos de compañías registradas ante la Secretaría de Energía (Sener). Se trata entonces de pipas piratas que venden el energético de manera ilegal.

Así que, además de las pérdidas millonarias que estas bandas causan a Pemex al sustraer de manera clandestina el combustóleo, ponen en riesgo la seguridad de las instalaciones y las personas. Los propios distribuidores de gas LP han detectado empresas “fantasma” que venden combustible barato en pipas ilegales, principalmente a amas de casa y a puestos en la vía pública que lo utilizan para cocinar.

Frente al robo, distribución y venta ilegal del combustible, los empresarios del gas LP legalmente constituidos y registrados señalan a esta competencia desleal como otro de los grandes males del ramo, que dicho sea de paso, se enfrenta a grandes riesgos por la falta de seguridad.

A pesar que las tres asociaciones nacionales que representan a distribuidores de gas LP en el país (Adigas, ADG y Amexgas) han denunciado el llenando ilegal de cilindros portátiles en las estaciones de gas LP carburante –que sólo tienen permitido suministrar el combustible a vehículos-, compañías distribuidoras de gas LP con registro, han incurrido en estas prácticas y se han manifestado ante las autoridades del ramo para realizar esta actividad, también llamada pigteleo, en las estaciones de carburación y no sólo en las plantas de distribución como manda el reglamento por seguridad .

En la supervisión de la industria del ramo para detectar anomalías, las autoridades de la Sener han reportado, en diversos operativos de verificación, irregularidades  administrativas como la falta del dispositivo electrónico de identificación (TAG) que deben portar los vehículos que transportan gas LP.

Al interior del propio ramo con empresas legalmente registradas, es notoria la necesidad de una reestructura de gran alcance, que al mismo tiempo que permita combatir las tomas clandestinas, el robo y el comercio ilegal del gas LP, también de paso a la reorganización y fortalecimiento del ramo, para que pueda proporcionar un servicio integral  de calidad y seguro al consumidor final; y deje de ser, finalmente, una de las industrias incómodas del sector energético.

 

 

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