El traslado de Miami, Estados Unidos, a la Ciudad de México de los restos del cantante José José en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana podría haber pasando por alto uno de los artículos de la recién aprobada Ley Federal de Austeridad Republicana.

El pasado martes 8 de octubre, los integrantes de la Cámara de Diputados avalaron la creación de dicha ley que dicta las medias a las que deberán ceñirse los servidores públicos en el ejercicio del gasto federal y para que coadyuven a que los recursos públicos se administren con eficacia.

El artículo 16 de esta Ley establece que “los vehículos aéreos propiedad del Poder Ejecutivo Federal, atendiendo a las particularidades del bien correspondiente, serán destinados a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, de protección civil, así como el traslado de un enfermo”.

Además establece que los vehículos aéreos que no cumplan con esta función serán enajenados asegurando las mejores condiciones del Estado. 

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Sin embargo, unas horas después de haber sido enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) informó que los restos del cantante José José serían trasladados vía aérea del Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

“Las acciones del gobierno federal están justificadas en función de la importancia social y cultural de José José para los mexicanos”, aseguró Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado.

“Hay personajes en la vida deportiva, artística cultural, que tienen ese derecho, el gran problema de corrupción era cuando los senadores se iban a jugar golf, a acompañar al presidente en turno y ocupaban los helicópteros de la Defensa Nacional, o cuando ocupaban el avión presidencial para llevar a su familia. Esos eran excesos”, señaló el Senador en entrevista.

De acuerdo con el comunicado emitido de la Sedena, el gobierno federal determinó apoyar en el transporte de los restos mortales, con el fin de agilizar el traslado y se le pudiera rendir un homenaje.

Además de mandatar en torno al uso de vehículos aéreos, la ley establece diversas restricciones a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, así como en el gasto de los recursos provenientes del erario.

Por ejemplo, prohíbe a quienes hayan ocupado un mando superior en el gobierno federal y se separen de su cargo, ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público hasta que hayan transcurrido 10 años de ocupar dicho cargo.

Otras medidas que fueron consideradas excesivas por miembros de partidos de la oposición fueron la prohibición para a contratación con recursos públicos cualquier tipo de jubilación, pensión y regímenes especiales de retiro, separación individualizada o colectiva, así como seguro de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones.

Además establece que los entes públicos deberán ajustar sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad.

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