En las últimas semanas, empresas como Finsa, Femsa, Vasconia, Herdez y Palacio de Hierro han realizado diversos llamados a razonar el voto y han difundido mensajes que sugieren riesgos sobre modelos denominados populistas.

“Estamos ante lo que entre abogados denominamos casos de frontera, pues existe una conducta asociada a la intención de voto, pero no se viola como tal la ley”, explica Jorge Sales Boyoli, abogado especialista en materia laboral.

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En México, la Ley Federal del Trabajo contempla en su artículo 133 una prohibición para que los patrones y representantes legales incurran en propaganda política y religiosa. Sales Boyoli explica que la ley resulta ambigua pues fue redactada hace más de 40 años y presenta un rezago ante las circunstancias de la actual elección.

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“Hablamos de que en este caso el marco legal es insuficiente. Si hubiera una denuncia sería cuestión de que un juez de lo laboral realizara una interpretación de la ley para aplicar en cada caso concreto. Lo más complicado es que tenemos un sistema de justicia lento y quizá, para el momento en que hubiera un fallo al respecto, ya habrían pasado las elecciones”.

La sanción para los patrones que violen el artículo 133 es una multa que va de 50 a 2,500 salarios mínimos, es decir, entre 4,418 y 220,900 pesos. Para que una multa fuera aplicada tendría que haber una denuncia por parte del trabajador ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), que desataría una investigación en el centro de trabajo para determinar una multa o sanción evaluada por un juez.

“Ante los casos que hemos visto se podría decir que son empresas que han sido bien asesoradas para no violar la prohibición. Incluso las empresas pueden decir que no sólo no se hace propaganda, sino que se hace una labor de capacitación y adiestramiento a los trabajadores”, advierte Sales Boyoli.

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Al respecto, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, hizo un llamado a los empresarios y a todos los sectores del país a evitar presiones, condicionamientos o coacciones en el marco de las elecciones del próximo 1 de julio.

Jorge Sales Boyoli indica que será importante que el próximo gobierno ponga sobre la mesa la posibilidad de realizar una actualización del marco legal previsto para situaciones asociadas a elecciones y política, discriminación, respeto a la libertad de expresión y propaganda religiosa.

 

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