Esta historia fue publicada en la edición impresa de junio de 2018 de Forbes México. Suscríbete.

 

Crear una industria nacional del vino tiene su precio, pero los beneficios son mayores. Al menos en el Consejo Mexicano Vitivinícola están convencidos de ello. Dicen que elevar la producción de vino nacional costaría 10,000 millones de pesos (mdp), pero generaría una derrama económica de 18,000 mdp por la comercialización y los servicios asociados.

Con estos números, el organismo pretende convencer al gobierno de que diseñe políticas públicas que incentiven la inversión y el desarrollo del sector vitivinícola, entre ellas, cambios fiscales para que el vino sea considerado alimento y no esté sujeto al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).

“Para promover el consumo, es necesario tener una mayor cantidad de vino mexicano que ofertar en el mercado, porque hoy es insuficiente la producción para abastecer la demanda y [lograr] un crecimiento de las ventas de 8% anual”, señala Gabriel Padilla Maya, director del Consejo. “Con mucho trabajo, el vino mexicano tiene una participación de 29.3% del mercado interno, frente a los vinos importados”.

El organismo ya se anotó algunos puntos. Recientemente, convino con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) generar una plataforma de acciones para que la industria florezca; el objetivo central es incrementar el área de cultivo de uva, de 6,747 a 15,000 hectáreas.

Hoy se producen en México alrededor de 2 millones de litros de vino (el 30% del consumo nacional); la meta es, en 15 años, llegar a 5 o 6 millones de litros.

El optimismo se explica por una tendencia detectada en el mercado. El consumo per cápita en México se multiplicó por cinco, de 250 mililitros en 2002, a 964 mililitros en 2018, de modo que, de duplicarse la producción, el vino mexicano ganaría cuota de mercado frente al importado, para llegar a una participación de 45%.

Datos comparativos dan idea del potencial en el mercado. El consumo de vino en los países socios de México en el TLCAN es de 15 a 16 litros per cápita, mientras que, en Sudamérica, el consumo alcanza 26 litros y, en Europa, éste es superior a 40 litros.

El plan de acción propuesto por el Consejo forma parte de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, aprobada en abril por el Congreso de la Unión, la cual busca generar una plataforma de políticas públicas en los tres niveles de gobierno para fomentar las capacidades de producción y crecimiento de infraestructura en fábrica y bodegas, aunado al impulso y vinculación para la creación de los destinos de oferta gastronómica y no turística del país.

“Los vinos que se consumen en el país proceden, principalmente, de España, Chile, Argentina, Francia e Italia, países donde hay estímulos en el marco de los impuestos, que son distintos para el productor; eso hace que su producción sea menos costosa y lleguen [a México] con una ventaja de precio, aun cuando aquí pagan impuestos”, expone Padilla.

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Más allá del valle

En México, entre cinco y siete empresas concentran 70% de la producción de vino. Entre las más grandes están L. A. Cetto, Casa Madero, Pedro Domecq y Monte Xanic. La industria también se compone de cerca de 300 comercializadoras.

“En promedio, las empresas tienen entre 20 y 30 hectáreas, [pero] 57% de la producción la concentra Baja California; [por ello] la idea es poder desarrollar nuevas empresas vitivinícolas en lugares propicios, como Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila y Chihuahua. Pero necesitamos proyectos empresariales y capital extranjero. Estamos en un momento propicio para darle un motor a la industria”.

Del crecimiento en hectáreas proyectado, 40% se registraría en Baja California, donde ya se implementan mecanismos tecnológicos para solucionar problemas ambientales, como la falta de agua en el Valle de Guadalupe. Ensenada ha resultado idónea para la producción, debido a que hay inviernos húmedos y veranos secos y templados, lo que permite obtener cosechas de máxima calidad.

En un sentido geográfico, se habla de dos franjas de vino, una en el hemisferio norte y la otra en el hemisferio sur; los países productores de vino se encuentran en estas franjas. La razón para ampliar la producción fuera de la región de Ensenada es que existen excepciones donde los microclimas y la altura permiten la producción de vino fuera de estos paralelos.

Por ejemplo, la región del Bajío tiene algunas zonas con características climáticas adecuadas. “Estas zonas coinciden con desarrollos inmobiliarios de alto valor que nos permiten pensar en un ecosistema propicio para la inversión, ya sea de nuevas compañías o una expansión de las que ya existen”, dice Padilla.

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Planes políticos

Buscar avances en tiempos electorales no será tarea fácil. Andrés Tapia Leyva, director de Enlace Técnico de la Comisión de Fomento de la Industria Vitivinícola de la Conago, explica que el mayor reto es la temporalidad.

Para Tapia, el proceso electoral no debe representar inconveniente alguno para desarrollar políticas a favor de la industria; sin embargo, explica que las elecciones sí traen consigo una mayor demora en la toma de decisiones, principalmente por los cambios de administración federal y local.

Como un primer paso, dice, los gobernadores de Conago ya han accedido a una iniciativa para que el vino mexicano sea la bebida que se sirva en los eventos oficiales de los gobiernos estatales, como una forma de promover el consumo.

En el terreno fiscal, explica que el IEPS grava con una carga especial aquellas actividades que, por sus características, generan costo social; pero tendría que considerarse un mecanismo distinto para el vino, debido a que la tendencia internacional lo considera en la canasta como un alimento, más que como una bebida alcohólica, además de que el aumento en la producción tendría aportes en la mejora social por la derrama económica y la generación de empleos.

“Se buscará constituir un fondo de apoyo a la inversión que sea, de manera inversa, recuperado por el gobierno federal mediante un aumento en la tributación fiscal derivada de la propia expansión de la producción, la comercialización y los servicios asociados de la actividad vitivinícola nacional”, dice Tapia.

Las políticas públicas tendrán que estar acompañadas de campañas de concientización, tanto para el consumidor como para la industria restaurantera, complementa Padilla.

“Hay un reto asociado a las ganancias de los restaurantes. Los consumidores que buscan vino mexicano encuentran precios muy altos y ése es un elemento decisivo. Debemos evitar que el vino mexicano se perciba demasiado caro en comparación con otra oferta que puede lucir de mayor calidad”, señala el director del consejo.

 

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