El pasado 13 de julio, Opciona publicó un estudio que tiene como objetivo entender cómo se relacionan los mexicanos con la corrupción, para después poder encauzar acciones que ayuden a mitigarla. Los datos del estudio son reveladores, por decir lo menos: los ciudadanos ven la corrupción como un problema del gobierno y, por lo tanto, ajeno a sus vidas, en tanto que no tienen la capacidad de incidir en ella y corregir el rumbo.
Les comparto los resultados más importantes:
- Cuando los ciudadanos escuchan la palabra corrupción, 79% de ellos la relacionan con el gobierno en general, la policía, gobernadores, políticos o burócratas.
- El 96% de los entrevistados considera que son poco o nada corruptos, mientras que el restante 4% reconoce que lo son mucho o muchísimo.
- Para resolver la corrupción, la gente considera prioritaria la educación (51%) y el castigo a los políticos corruptos (46%), y los menos creen que debe de haber sanciones a los ciudadanos corruptos (3%).
¿Qué nos dicen los resultados del estudio? A simple vista pareciera que la gente considera que la corrupción es una actividad que se restringe al gobierno o su interacción con él. Los ciudadanos comunes y corrientes son blancas palomitas que, por el contrario, son las víctimas del abuso de los poderosos.
Pero la verdadera historia es un poco más compleja que eso. Otro de los hallazgos del estudio realizado por Opciona es que la gente considera que actos de corrupción como sobornar o poner un diablito en el medidor de luz no son corrupción sino signos de “astucia” o “ingenio”. Es decir, al acto de torcer las reglas en aras del beneficio personal le llamamos de dos formas, dependiendo de si eres parte del gobierno y los poderosos, o no.
Me parecen hallazgos sumamente reveladores, y a la vez preocupantes. Si en el debate público los empresarios, políticos y líderes de la sociedad civil estamos hablando de la cultura de la legalidad sin tocar las fibras sensibles del grueso de la población ¿entonces a quién le estamos hablando? ¿Le dice algo al ciudadano común, que en el Congreso se debaten las leyes anticorrupción o que en tal o cual licitación se le achacó a los amigos del góber el robo de miles de millones de pesos?
El mismo estudio confirma mis temores: sólo 8% de los entrevistados considera que la corrupción es el problema más importante del país, en contraposición con la inseguridad (29%) o la economía (18%). Por otro lado, cuando le preguntas a la gente qué afectaciones provoca la corrupción, 29% dice que provoca inseguridad o que altera la economía. Es decir, el estudio arroja que son pocas las personas que consideran que la corrupción es el problema más grave; no obstante, son muchas las que están de acuerdo en que es la fuente de los principales problemas. Suena lógico.
Algo está genuinamente mal si la mayoría de la sociedad considera que el problema de la corrupción le es ajeno o es un asunto en el cual no hay nada que se pueda hacer. No sólo refleja que la ciudadanía difícilmente va a intentar por sí sola tomar cartas en el asunto, sino que muy probablemente no tiene expectativas de recibir beneficio alguno por combatirla. Y, ¿si no se trabaja por y para la gente, entonces para quién trabaja la clase política? (La pregunta es retórica.)
Éste no es un mero problema de comunicación, como muchos políticos seguramente dirán. Por el contrario, es el reflejo de que el gran grueso de la sociedad no ve el beneficio de tener un Estado de derecho sólido y democrático.
La tarea que tenemos frente a nosotros es más ambiciosa que simplemente aprobar un paquete de leyes; es trabajar con la sociedad para que ella misma vea los beneficios de tener una democracia funcional.
El gran ausente en el debate público de la corrupción ha sido la ciudadanía, y si ella no vela por sus propios intereses, difícilmente los que ostentan cargos públicos lo harán.
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