Por. Dra. Verónica Arlette Zepeda Vargas, Docente de la Escuela Bancaria y Comercial campus Ciudad de México
El pasado 8 de septiembre, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados, como lo establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Paquete Económico 2023, el cual está integrado por:
- Los Criterios Generales de Política Económica
- La Ley de Ingresos con sus iniciativas de reformas legales relativas a las fuentes de ingresos
- El proyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal
Los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023 describen las condiciones económicas, tanto nacionales como internacionales, que representan el escenario para determinar el comportamiento de las diferentes actividades que realizará el gobierno durante el siguiente ejercicio fiscal, especialmente en materia de recaudación y del ejercicio del gasto público.
Uno de los aspectos más importantes de analizar es el establecimiento del precio de la mezcla del petróleo, porque determina el nivel de ingresos que recibirá el gobierno por la venta de producto; a medida que el precio estimado del petróleo sea mayor, representa menos presiones para la recaudación por la vía de los impuestos, los cuales están determinados por el ritmo de crecimiento de la actividad económica.
El segundo aspecto más importante que debemos analizar es el pronóstico de la tasa de crecimiento del PIB, ya que, si existe una mayor actividad económica, la recaudación por la vía de los impuestos se incrementará, esto permitirá que los programas contemplados en el Proyecto de Presupuesto se cubran con recursos generados por la vía de la recaudación y no por la vía del endeudamiento.
Para el ejercicio 2023, se estimó que el precio de la mezcla del petróleo será de 68.7 dólares por barril con una producción de 1,872 millones de barriles diarios, con esto se estima que los ingresos petroleros representarán el 3.6% del PIB. Sin embargo, existe la posibilidad que, debido a factores externos como un menor crecimiento económico mundial ocasionado por los incrementos en las tasas de interés de referencia de los bancos centrales junto con una alta inflación, explicada principalmente por factores de oferta y la falta de resolución de discrepancias en materia comercial entre los países del T-MEC que desencadene sanciones relacionadas a aranceles, entre otras, puedan ocasionar que el precio se ajuste a la baja.
Ante esta posibilidad, se estima que los ingresos tributarios ascenderán a 4.6 billones de pesos, cifra equivalente al 14.9% del PIB, lo que representa 1.7 puntos porcentuales más que el monto registrado en 2018. Este comportamiento obedece a los aumentos registrados en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los cuales representan 54.3 y 30.7% del monto de los ingresos por impuestos. Cabe destacar que la mayor recaudación será principalmente por la implementación de medidas de simplificación fiscal y mejoras administrativas orientadas a reducir la evasión y la elusión fiscal.
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Entre estas medidas se encuentran la eliminación de la compensación universal, la prohibición de condonación de impuestos, las medidas de percepción de riesgo, la Regla General Anti-Abuso, la adaptación del marco fiscal a la economía digital y la modificación para la fusión de sociedades.
En materia de ingresos no tributarios se estima obtener recursos por 237.3 mil millones de pesos, lo que implica una reducción del 25.8% con respecto al cierre estimado para 2022; debido a que en el ejercicio actual se incluyeron ingresos excedentes con destinos específicos.
Por su parte, la política de gasto plasmada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propone una asignación de recursos orientados al fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad ciudadana, refuerza la vocación social del Estado e impulsa un crecimiento y desarrollo inclusivo.
En el proyecto se observa que la política de gasto se encuentra totalmente alineada con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. De tal forma que en el Presupuesto para 2023, el 65% del gasto programable está destinado al gasto social, lo que representa una tasa de crecimiento real del 9.1% respecto al aprobado en 2022, es decir que 3,900.7 mil millones de pesos se destinarán a superar las condiciones de pobreza y marginación.
En materia de salud, se tiene contemplado llevar a cabo acciones que minimicen los efectos ocasionados por la crisis sanitaria que se vive desde 2020, avanzar en el fortalecimiento de infraestructura y equipamiento, en la formación del personal capacitado y la distribución de medicamentos, por lo que se asignaron 868.2 mil millones de pesos, cifra que representa un aumento del 4% real con respecto al aprobado en 2022.
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En materia de crecimiento y desarrollo inclusivo, se observa que el gasto de inversión se incrementará 15.6%, la inversión física 21.7 % y los subsidios de inversión para las entidades federativas crecerán 9.9% en términos reales, lo que permitirá consolidar el avance y conclusión de los proyectos de infraestructura estratégica orientados a promover el desarrollo y el bienestar de la población de las zonas del país con mayor potencial o en su caso con necesidades apremiantes.
En un contexto económico y político como el que se observa en el país, la aprobación de la Ley de Ingresos y del Proyecto Presupuesto de Egresos para 2023 pondrán nuevamente a prueba la capacidad del Poder Ejecutivo para negociar un paquete económico que está lejos de suceder, pero que ante la política de continuar con programas sociales que otorgan recursos a ciertos grupos de población, mantienen su nivel de popularidad sin importar los efectos que podrían concernir económicamente a toda la población, incluyendo a los grupos vulnerables.
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