Por: Santiago F. Arroyo Seguedo
Cada seis años, nuestro país entra en una dinámica de promesas provenientes de nuestra clase política; sin embargo, muchas se quedan en el tintero, como es el caso de la famosa “gasolina barata”. Hace 10 años, cuando se publicitaba a todo vapor la “Reforma Energética”, una de las promesas de aquella administración fue la de contar con precios de combustibles más “baratos” y, más recientemente, se nos recuerda casi a diario por las mañanas la misma promesa. En ninguno de los casos se ha cumplido.
Ante esto, podemos decir que, inicialmente concebir el término “combustibles baratos”, desde una óptica técnica es totalmente incorrecto y, hasta cierto sentido, imposible. Pero, una cosa si es real, contar con precios competitivos. De inicio, al menos en papel, se cuentan con instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ambas de origen constitucional y con cierta medida de autonomía en sus funciones, siendo estos organismos la única parte gubernamental que incide en lograr cumplir esa promesa, no más.
¿Cómo inciden estos organismos?, generando las condiciones de competitividad con la finalidad de lograr que los productos y servicios energéticos sean suficientes, de calidad y a precios que, por la dinámica de competencia, vayan descendiendo paulatinamente. Permitiendo el acomodo de los participantes del mercado y concediendo los permisos para llevar a cabo actividades reguladas para reforzar el sector y su operatividad.
Sin embargo, otro factor, resultan ser los propios participantes del mercado. Quienes son los entes que inciden de manera preponderante y, su acción es justamente la que va modulando las regulaciones entorno al comportamiento de la oferta y demanda.
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Ahora bien, atendiendo a que, desde 2016, existen zonas geográficas estandarizadas por la CRE con la finalidad de llevar a cabo la liberación del mercado de combustibles, esta misma herramienta puede servir para regionalizar las zonas de competencia entre los diferentes factores económicos.
Considerando lo anterior y al hecho de que, más de 46 millones de personas sufren de alguna clase de pobreza energética, según los últimos datos del INEGI de 2022; se abre una posibilidad para crear herramientas de mercados regionales y abatir de manera eficiente la demanda, así como facilitar el acceso a energéticos, esto con una colaboración estrecha entre reguladores y participantes del mercado. Abriendo así la oportunidad a que también los precios de los combustibles sean competitivos, además de identificar las áreas de oportunidad que implique el refuerzo de actividades reguladas y el otorgamiento de permisos bajo la óptica de la actual política energética.
De esta manera, con la intervención de asociaciones gremiales, sociedad y gobierno (sobre todo gobiernos locales y sus organismos de promoción energética), se puede abrir a una posibilidad de que las promesas políticas se puedan materializar en un mediano plazo, aprovechando que, la tendencia que marca la descarbonización mundial y la transición energética, darán un “empujón” a los mercados internacionales de combustibles que, desde hoy, ya marcan una tendencia de “abaratamiento” de los petrolíferos. Y claro, con una correcta estrategia de socialización que no se ha aplicado desde 2013 en este tema.
Alejando a todos los intervinientes de estrategias basadas en ocurrencias y falsas esperanzas, acercando al país y sus regiones a una verdadera Seguridad Energética.
Santiago F. Arroyo Seguedo, director general de Ursus energy y especialista en regulación energética.
Contacto:
Twitter: @SarroyoSi
correo: [email protected]
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