¿Secretaría de Seguridad?, ¿Mando único?, ¿Más atención por parte del presidente?, ¿Más coordinación entre autoridades?, ¿Profesionalización de la policía?, ¿Prevención social del delito?, ¿Más guerra?, ¿Menos guerra?

Los candidatos se han quedado en la superficie y reciclan estrategias que no van a la raíz del problema y más importante aún, no distinguen los diferentes tipos de delitos.

Hay tres tipos de delitos: los socio familiares, como la violencia familiar, las violaciones o las lesiones dolosas (riñas); los patrimoniales, como el robo a casa, a persona, a comercio; y los de alto impacto, como el homicidio (sobre todo las ejecuciones), el secuestro, la extorsión, el robo de vehículo, el robo de combustibles, la trata de personas, el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Aunque algunos se traslapan y se entrelazan, cada uno tiene causas y tratamientos diferentes.

Los socio familiares, salvo raras excepciones y emergencias, no son policiacos. Tienen un ciclo estacional muy marcado, siempre suben en primavera y se mantienen altos en verano. Se previenen con mucha información y con acciones muy focalizadas en las zonas y poblaciones de mayor riesgo. La intervención debe ser de desarrollo social (deportes, cultura, recreación, parques), desarrollo económico (empleo y capacitación), DIF (protección a la familia y en especial a los menores), Instituto de la Mujer y la participación de ONGs relacionadas con violencia de género, alcoholismo; temas de convivencia y solución de conflictos dentro de la familia, en la escuela y en la comunidad. Es muy importante la atención oportuna de las víctimas, pero mucho más importante es la prevención de la violencia: que no haya víctimas, algo que no siempre se entiende.

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Los delitos patrimoniales son asunto de la policía preventiva municipal o estatal. Tienen dos momentos importantes: la reacción oportuna de la policía ante una emergencia y la prevención; las dos son importantes, pero siempre hay más rentabilidad en la prevención. Por supuesto que la profesionalización de la policía ayuda a reducir estos delitos, pero lo que más contribuye es un proceso de toma de decisiones fundamentado en la estadística del delito, lo que llamamos el perfil del delito: dónde, cuándo, a qué hora, con qué modus operandi. Si los perfiles delictivos se publican, se incentiva, tanto en este tipo de delitos como en los socio-familiares, lo que llamamos seguridad ciudadana: la reducción del riesgo por la prevención de cada quien.

El robo de vehículos es una frontera entre delitos patrimoniales y delitos de alto impacto, porque aquí ya hablamos de crimen organizado, de bandas delictivas que roban, desmantelan, transportan, comercializan y protegen. En términos generales, 80% de la reducción de este delito es de la fiscalía o procuraduría, 20%, de la policía municipal. Es un buen indicador de corrupción de ministerio público. Cuando la fiscalía actúa bien, el robo de vehículo es bajo; cuando la fiscalía está involucrada no hay poder policiaco que pueda reducir el delito. Hemos enfrentado casos donde 100% del delito es controlado por la procuraduría estatal.

Los delitos de alto impacto son de crimen organizado. Son rentables y permiten el trabajo en equipo, en especial con la autoridad. Todo crimen organizado busca protección de autoridades. Por lo general son más difíciles de prevenir y requieren de la actuación de los cuerpos policiacos y de fiscalías especializados. Si la autoridad local ha colapsado, se requiere de fuerzas federales o militares para limpiar el ambiente. No son imposibles de combatir, un buen ejemplo de éxito es el de la unidad anti-secuestros que ha disminuido este delito en la mayoría de los estados.

De todos ellos, el tráfico de drogas es una categoría en sí misma, pues se trata de un mercado con compradores y vendedores. Por lo mismo, debe combatirse o manejarse con estrategias de mercado, no de policía. Ninguna policía o ejército -en ningún país del mundo- puede combatir un mercado, salvo suprimiendo libertades personales, exterminando a los compradores y a los vendedores. Es el que más autoridades y ciudadanos recluta, y el más violento y corruptor de todos, pues la plata y el plomo son el costo inherente de controlar territorios y defenderse de grupos rivales. Hay tres maneras básicas de intervenir: Administrar el problema (como lo hace Estados Unidos), hacer una guerra total (Plan Mérida o Plan Colombia) y regular las drogas como estrategias de reducción de daños. Hay casos de éxito emblemáticos en regulación como Suiza con la heroína, Turquía con la amapola, y Uruguay, Colorado o California con la marihuana.

 

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