Desabasto de gasolina, compras de pánico y una tragedia es lo que recordarán miles de mexicanos sobre primeros días de 2019. Muchos de ellos, de plano pasaron días calientes, pero de furia por perder horas
buscando combustible.
Detrás de las largas filas y horas de espera en las estaciones de servicio de al menos siete entidades de México, una decisión: el cierre de ductos que transportan gasolina y diésel ante posibles ordeñas ilegales.
El 27 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una estrategia contra el robo de combustible, delito conocido como huachicoleo, un problema que costó 66,700 millones de pesos (mdp) a Petróleos Mexicanos (Pemex) el año pasado.
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Para resolver este fenómeno ilegal, 15 dependencias del gobierno activaron medidas como el resguardo de las seis refinerías, despido de funcionarios, análisis fiscal, vigilancia de puntos estratégicos, compra de pipas, tipificación del robo de petrolíferos como delito grave y control de ductos. Este último punto fue el que causó más estragos inmediatos a la población.
Tras varios días de silencio y múltiples alertas en estados como Jalisco, Michoacán y Estado de México, el gobierno mexicano finalmente argumentó que se trataba de un suministro más lento mediante pipas derivado de la estrategia, pero reiteró que no había escasez de combustible, a pesar de que
7 de cada 10 gasolineras de Jalisco carecían de gasolina y diésel.
“Tenemos gasolina suficiente. No hay problema de desabasto”, declaró el mandatario mexicano en su conferencia matutina del 7 de enero.
Esta decisión fue un camino que el gobierno no debió tomar, pues “estuvo mal planeado el cierre de ductos sin tener una previsión del desabasto. El daño económico y social fue muy grande”, comentó el socio de la consultora energética HCX, Rodrigo Favela.
Las pérdidas para la economía mexicana serán de 23,600 millones de pesos o 0.1 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), estimó el grupo financiero Citibanamex en un reporte.
Para Luis Miguel Labardini, analista de la firma energética Marcos y Asociados, la estrategia contra el robo de combustible fue una acción emergente “sin suficiente planeación”.
“Cerrar las válvulas indefectiblemente iba a resultar en un desabasto de combustible porque no tenemos capacidad de almacenamiento. En México tenemos 2.5 días de capacidad contra 90 en Estados Unidos”, evidenció.
Tragedia en Tlalehuilpan
El 8 de enero de 2018, López Obrador presumía los ahorros multimillonarios por el cierre de ductos, que sumaban 2,500 millones de pesos (mdp) desde el comienzo de su estrategia.
Gráfica: Cynthia Monterrosa
A pesar de que el problema se acotaba, las ordeñas ilegales continuaban. 10 días después de las palabras del presidente, al menos 130 personas murieron luego de que explotara un ducto de Pemex debido a una toma clandestina en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo.
Los testimonios en video recopilados revelaron que la policía y fuerzas militares que llegaron a la zona advirtieron del peligro inminente a los pobladores, mientras el combustible seguía fugándose y recolectándose por los habitantes aledaños.
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Aunque el sistema supervisorio de control y adquisición de datos (SCADA, por sus siglas en inglés) de Pemex permite detectar la baja de presión en un ducto, pueden pasar incluso horas antes de que deje de fluir el petrolífero.
Labardini recuerda que el sistema SCADA fue diseñado para medir la presión de los ductos, no para detectar tomas clandestinas “Tarda mucho, horas en detectar una toma clandestina”.
“El SCADA fue hecho para controlar las presiones de los ductos, no fue concebido ni diseñado para detectar el robo de combustibles, es muy lento para detectar una caída en la presión, pueden pasar horas antes de que lo detectes”, agregó.
Los pendientes de la estrategia
La tecnología ha sido uno de los principales pendientes en la estrategia, pues no se han incorporado marcadores ni hidrófonos que alerten a las autoridades en tiempo real sobre la extracción ilegal de combustibles, comentó Labardini, además de drones que reducirían los costos de vigilancia.
Otro pendiente es el sistema del registro estadístico de transacciones comerciales (SIRETRAC) de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Este tipo de esquemas tuvo buenos resultados en Perú, reconoció Favela.
Hasta el momento se desconoce si el número de tomas clandestinas se han reducido con la estrategia o no, tampoco si disminuyó el robo de pipas, los procesos judiciales de empleados administrativos y sindicalizados, y principalmente el desmantelamiento de las bandas de crimen organizado detrás del huachicoleo, dijo Favela, quien reconoce que hay investigaciones de las autoridades en curso.
“No se sabe los resultados en ese sentido, que son mucho más importantes porque lo que se requiere verdaderamente es el desmantelamiento de las bandas criminales. Eso es lo que realmente está ocasionando el problema”, agregó.
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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana adelantó que habrá una segunda etapa en la estrategia contra el robo de combustibles en mares del Golfo de México, derivado de bandas criminales, donde ya tienen información correspondiente para actuar, pero declinó dar más detalles.
“En este momento, la seguridad en ductos es altamente demandante de elementos de seguridad. Vendrá una segunda etapa donde atenderemos este problema”, declaró el
funcionario previamente a
Forbes México. 
